Los responsables municipales del Ayuntamiento de Arrecife están recabando toda la información necesaria para intentar clarificar las posibles consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a reconocer como urbana una parcela de más de 10.000 metros cuadrados en la zona del Charco de San Ginés, y que aún no tiene en sus manos.
El grupo de gobierno ha pedido la planimetría de la zona afectada, así como las referencias de todas las intervenciones que se han llevado a cabo en estos terrenos. Se trata de determinar si la parcela se ha visto afectada por los rellenos que se hicieron en su momento para construir un puente, y averiguar qué parte del suelo ha sido ocupada por el Ayuntamiento, tal y como recoge la sentencia, un aspecto éste con el que no está de acuerdo la Corporación. Por otro lado, el grupo de gobierno intenta conocer si parte de este solar está dentro del dominio público.
En definitiva, son muchas las dudas que albergan los responsables municipales y que esperan aclarar en los próximos días. Tampoco se ocultan los temores a que esta sentencia del Tribunal Supremo pueda dar lugar al pago de posibles indemnizaciones por parte de la Corporación a los propietarios de este solar urbano con calificación de espacio libre.
Precisamente por tener esta calificación de espacio libre, la sentencia del Supremo, emitida el 22 de mayo, señala que el único sistema que la sala puede imponer "es el de la expropiación, si bien deja a salvo, con buen criterio, que un convenio entre los propietarios y las Administraciones Urbanísticas pueda fijar otro".
Lo que sí parece tener claro el equipo de gobierno es que en esta parcela actualmente no se puede llevar a cabo ninguna planificación, tras archivar el Plan general y estar en vigor el de 1991.
Para el Concejal de CC, Luis Morales, este aspecto parece claro. De hecho, señala que durante la elaboración del Plan General, ahora archivado, el anterior equipo de gobierno intentó hacer un convenio con los propietarios del solar, la mercantil Litos Canarios S.A., pero al parecer fue la propia empresa la que puso sus reparos precisamente por estar el tema en los tribunales y no haber una sentencia firme.
Morales entiende que "ahora sólo cabe una posibilidad, que es la expropiación, debido a que cualquier otra solución, como un posible convenio, pasa por la adaptación plena del Plan del 91 y de momento tan solo se cuenta con la adaptación básica del mismo". El concejal nacionalista considera que la ocupación de terrenos a la que alude la sentencia se refiere a un trozo del vial de la calle Juan de Quesada.
