El Ayuntamiento de San Bartolomé ha impuesto una penalización de 40.000 euros a la empresa que ejecutó el Centro Deportivo de Playa Honda, inaugurado el pasado 1 de julio. Así lo ha confirmado a La Voz la propia empresa, Iniciativas para la Construcción y Obra Civil (Incoc), que afirma sentirse "traicionada y engañada" por el Consistorio.
El motivo de la penalización está en el retraso en la ejecución de estos trabajos, que según admite la empresa fue de 69 días. Sin embargo, desde Incoc alegan que esa demora se debió a los modificados que sufrió el proyecto durante la obra, a petición del propio Ayuntamiento. "El proyecto ejecutado es totalmente distinto al inicialmente contratado", sostiene la empresa, que afirma que en su momento ya pidió que se ampliaran los plazos.
Sin embargo, desde el Consistorio señalan que los modificados fueron los "normales" que se dan "en cualquier obra" y consideran que no justifican el retraso en la terminación de los trabajos. No obstante, el concejal Antonio Rocío aclara que la empresa aún puede presentar alegaciones. "Ahora tiene un periodo para alegar y exponer sus motivos y luego la administración resuelve si le da la razón a la empresa", explica el edil.
Esto supone que la penalización no es definitiva y ahora los técnicos deberán analizar los argumentos de la empresa y determinar si el retraso es imputable o no a ella. En cualquier caso, el concejal también señala que si se hubiera entendido en su momento que debían ampliarse los plazos por los modificados, se habría hecho. "Esto no ha sido un capricho", subraya el edil, insistiendo en que lo que se ha trasladado a la empresa es la valoración que han hecho los técnicos.
La empresa habla de "mala fe y engaño" por parte del Ayuntamiento
Por su parte, desde la empresa hablan de "mala fe y engaño" por parte del Ayuntamiento, "junto con la colaboración del Cabildo de Lanzarote", que financiaba la obra junto al Consistorio. "Han perjudicado gravemente la solvencia de nuestra entidad, ocasionando por tanto el impago a proveedores, al tener que afrontar una penalidad de esa envergadura, más aún cuando esta entidad partía del reducido presupuesto de ejecución ofertado al inicio del concurso de la obra", sostienen, haciendo así hincapié en que su oferta resultó elegida por ser la más económica.
Precisamente por ello, afirman que llevaban más de dos meses pidiendo que el Ayuntamiento les abonara la última certificación de obra, que asciende a más de 60.000 euros. Según aseguran, inicialmente les trasladaron que "el pago se haría sin ningún tipo de problema". Sin embargo, tras dirigirse a distintos departamentos del Ayuntamiento, finalmente han recibido la notificación de esta penalización económica, que consideran "abusiva". De esta forma, tal como ha confirmado Antonio Rocío a La Voz, el Ayuntamiento no abonará por ahora esa última certificación, hasta que no se resuelva si procede o no esta penalización.
"Nos ha sentado como un jarro de agua fría", afirma un representante de la empresa, que esperaba que esta semana se completara el pago. Además, critica el "misterio" por parte del Ayuntamiento hasta que les han confirmado esta penalización y el "trato" que han recibido. "Somos una empresa que está en la península, en Jaén, y eso también influye a nivel de costes", sostiene, insistiendo en que "el proyecto se ha hecho", "los trabajos han concluido satisfactoriamente" y la obra está "recepcionada" y "finalizada por completo" desde el pasado 23 de mayo, por lo que no se explica que ahora les penalicen con esta cantidad.
"Lo anormal sería no iniciar este trámite"
"Yo creo que en una administración seria, cuando hay unos plazos y no se cumplen, lo norma es abrir este trámite", defiende por su parte Antonio Rocío. Respecto a los argumentos de la empresa, insiste en que ahora serán analizados por el Ayuntamiento, pero insiste en que "los modificados son muy normales en las obras" y en que "en proyectos de esta envergadura siempre hay errores" que se van corrigiendo, sin que tengan por qué retrasar la finalización de los trabajos.
"Lo anormal sería lo otro", insiste, respondiendo a las críticas de la empresa por haber iniciado este trámite. "Las obras tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización", reitera el edil. En este caso, los trabajos se iniciaron en enero de 2015 y tenían un plazo de ejecución de 7 meses, según informó entonces el Ayuntamiento. Sin embargo, no fue hasta mayo de 2016 cuando terminaron los trabajos, según la empresa, y hasta el 1 de julio cuando se inauguró el centro deportivo. Esto supondría un retraso de más de ocho meses según los plazos anunciados en su día, aunque la empresa afirma que fue de 69 días. Desde el Ayuntamiento, por su parte, no han precisado cuál es el retraso que se imputa a la empresa.
En cuanto al presupuesto inicial de esta obra, ascendía a 959.000 euros, de los cuales 659.000 euros fueron sufragados por el ayuntamiento, mientras que los 300.000 euros restantes corresponden a una partida del Plan Insular de Inversiones del Cabildo de Lanzarote.
Incoc amenaza con ir a Fiscalía
Además de anunciar alegaciones e incluso un recurso en los tribunales contra esta decisión del Ayuntamiento, desde la empresa amenazan incluso con acudir a la Fiscalía "por abuso de poder y por engaño/estafa" por parte del Consistorio. De hecho, aseguran que ya habían denunciado en Fiscalía el impago de esa última certificación de obra, aunque el Consistorio afirma que aún está en plazo de abonarla.
En cuanto a los motivos que según la empresa justifican el retraso, se encuentran dos modificados del proyecto. Uno por "incoherencia y omisión de partidas indispensables para la ejecución de la obra", y otro porque en el proyecto que se sacó a licitación había "dos mediciones distintas, en forma y contenido, de las mismas instalaciones del centro deportivo". Esto, según Incoc, obligó a hacer cambios en el proyecto relativos a la ventilación, al grupo electrógeno, a la instalación de luminarias y proyectores para la pista polideportiva, entre otros aspectos. Además, en el segundo modificado también se decidió incorporar juegos biosaludables y colocar un juego de porterías y canastas de baloncesto, que en principio no estaban contempladas.
Aunque la empresa aceptó ese modificado, ahora sostiene que el último "se redactó y envió a tan solo 20 días de terminar el plazo de finalización otorgado por el Ayuntamiento de San Bartolomé", por lo que consideran que "queda patente que en dicho plazo es inviable la ejecución de numerosas partidas contempladas en ese documento y que por tanto no procede la penalización".
Además, también hablan de un retraso en la "elección del color para el revestimiento de la fachada", cuando son "materiales que se fabrican exclusivamente bajo pedido, teniendo los plazos la fabricación y suministro muy acotados", y a un "cambio en la pavimentación de la zona de juegos" que estaba prevista inicialmente, y que fue sustituida por otra, obligando a hacer cambios en la red de pluviales, según afirman.
