Los sindicatos del Ayuntamiento de Teguise han asegurado que el Consistorio ha sido condenado por el Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria a pagar 36.000 euros en concepto de indemnización a dos vecinos de Costa Teguise, por incumplimiento en la aplicación de las ordenanzas municipales sobre ruidos y vibraciones.
La sentencia judicial, afirman los sindicatos, subraya que desde el año 2003 había denuncias presentadas por los vecinos perjudicados denunciando "la alta emisión de ruidos de un local de ocio". Agentes de la Policía Local, "pese a no haber sido dotados de los aparatos sonómetros homologados", acreditaban que "el nivel de ruido era bastante elevado", sin que, añaden, el Ayuntamiento de Teguise ordenara siquiera "la visita de comprobación que acreditase que la mencionada actividad cumplía con todos los condicionantes de la licencia, que finalmente le fue otorgada en septiembre de 2009".
Los sindicatos señalan que "resulta curioso que habiendo denuncias presentadas por varios vecinos en dependencias policiales y dirigidas a la Alcaldía municipal desde el año 2003, por las molestias que de forma continuada se venían produciendo como consecuencia de la actividad de un local de ocio, no conste actuación concreta de la administración, no sólo para impedir, primero, la realización de una actividad sin licencia, sino después, para velar por el cumplimiento de la licencia concedida".
Ante esta situación, informan los sindicatos, "la sentencia ordena al Ayuntamiento de Teguise que haga efectiva la indemnización señalada y que proceda en el plazo máximo de un mes a comprobar el funcionamiento de local". Aún así, los sindicatos aseguran que a día de hoy, siguen recibiendo denuncias de afectados por los mismos hechos, "sin que aparentemente nada haya cambiado".
Además, añaden que a pesar de que se haya cedido a la Policía Local un aparato sonómetro por parte de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Teguise ha optado "por contratar a una empresa privada para realizar las mediciones por exceso de ruidos y vibraciones, suponiendo ello un importe de más de 1.000 euros por cada medición realizada".
