El juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha imputado por dos presuntos delitos de tráfico de influencias y de alteración de precios en concursos al arquitecto José María Pérez Sánchez, que este miércoles ha prestado declaración en los Juzgados de la capital.
Pérez estaba citado a las 9:30 de la mañana para comparecer por primera vez ante el juez, después de haber declarado hace cuatro meses ante la Guardia Civil, poco después de estallar la Operación "Unión" en la isla. Junto a él, tenía una imputación policial otro arquitecto, Víctor Sánchez, que también estaba citado esta mañana para declarar ante Romero Pamparacuatro.
En su momento, la información oficial hecha pública por la Guardia Civil señalaba que, además de una presunta trama dedicada al cobro de comisiones ilegales, la Operación también investigaba "una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife".
Qué es alteración de precios en concursos
El Código Penal aplica este delito a "los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación". Las penas previstas para este delito contemplan de uno a tres años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
En cuanto al tráfico de influencias, se aplicaría en este caso "al particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero". Ante este delito, se contemplan "penas de prisión de seis meses a un año".
