La empresa concesionaria de esta infraestructura, Aparcamientos Parque Islas Canarias, formada por Hormiconsa y Supermercados Marcial, además de por el propio Ayuntamiento, va a presentar, según Pérez Parrilla, una petición de legalización. El Ayuntamiento estudiará si el aparcamiento tiene cabida dentro de la legislación actual y si es posible otorgar una nueva licencia. Pérez Parrilla señala que "lo que está claro es que hay que cumplir la sentencia", aunque asegura que hay que ver ahora cómo se cumple.
Una vez realizado ese estudio se hará una propuesta al TSJC, que deberá señalar si es aceptable la propuesta de ejecución. El alcalde recuerda que los propietarios han fabricado con una licencia municipal y podrían pedir una indemnización al Ayuntamiento si el aparcamiento se cerrara o se derribara.
Por otra parte, el alcalde descarta que se vaya a promover desde el propio Ayuntamiento una investigación para saber si hay responsabilidades de tipo penal en el procedimiento. "Vamos a tratar de solucionar el tema administrativo, que es el que tenemos en la cabeza", señaló el alcalde.
Convenio en el Charco de San Ginés
Por otra parte, el alcalde apuesta por llegar a un acuerdo con la empresa Litos Canarios, que es propietaria de una finca de 10.000 metros cuadrados junto al Charco de San Ginés. El Gobierno de Canarias ya ha tomado en consideración la sentencia del tribunal Supremo que considera urbanos esos terrenos y ha instado al Ayuntamiento a que indemnice o llegue a un convenio.
La indemnización es inviable, según el alcalde, ya que podría tener que pagarse a los propietarios más de treinta millones de euros. Pérez Parrilla es partidario de llegar a un acuerdo con la propiedad que podría cristalizar en un convenio urbanístico que, o bien permitiera la construcción en esos terrenos o cediera edificabilidad en otra zona de Arrecife. "No creo que los dueños quieran que se les entregue el solar", señala el alcalde, que asegura que "el Ayuntamiento no se defendió bien en su día".
Ese terreno se calificó como espacio libre en el Plan General de Ordenación Urbana de 1991 pero nunca se realizó la expropiación, por lo que los terrenos han vuelto a ser calificados como urbanos. El convenio podría permitir que se construyera en ese suelo o ceder otro terreno municipal.
ACN Press
