En sus conclusiones finales del juicio de Los Dolores, el abogado de José Manuel Fiestas Coll defendió su intervención como jefe de la Oficina Técnica, apelando a las contradicciones y a las distintas interpretaciones que hay de las leyes y las normas. Así, puso en duda que se tratara de suelo rústico de protección territorial, pero en todo caso afirmó que eso "se tendría que ventilar en lo contencioso administrativo, no en lo penal".
También cuestionó que la zona formara parte del Bien de Interés Cultural. "Han venido cinco o seis peritos y no sé cuántos testigos y todavía no sabemos si era BIC o entorno del BIC". En la misma línea, puso en duda que la obra estuviera sujeta a la solicitud de licencia.
Respecto a la memoria valorada que realizó un miembro de la Oficina Técnica y que fue firmada por él, como jefe del departamento, su abogado subrayó en las conclusiones finales que esa memoria "no recoge la excavación", y que tampoco incumple nada ni "falta a la verdad" sobre si las obras estaban ya empezadas o incluso terminándose, porque no dice nada al respecto.
En esa memoria, el técnico que la elaboró especificaba que se debían pedir los pertinentes permisos al Ayuntamiento y a la comisión de Patrimonio Histórico, cosa que no se hizo. Por eso, el fiscal entiende que si José Manuel Fiestas "firmó y encargo" ese documento, "tendría que leerlo" y, por tanto, saber que debían solicitarse esos permisos.
Respecto a la acusación por prevaricación, el abogado de Fiestas Coll alegó que la resolución de Dimas, en la que iría implícito este presunto delito, se basó en el informe de un técnico de Patrimonio, y no en la memoria valorada que realizó la Oficina Técnica. "Si la resolución que firmó Dimas Martín se ajustaba o no al informe de Patrimonio, habrá que preguntárselo al responsable".
