El abogado de Dimas Martín inició sus conclusiones finales en el juicio de los baños de Los Dolores afirmando que después de dos intensas jornadas, y tras escuchar al fiscal, sentía que él había "estado en un juicio distinto", y pidió la absolución afirmando que "no hay pruebas de nada".
De hecho, negó la mayor en casi todos los extremos. Aseguró que la zona donde se realizaron los baños no está declarada Bien de Interés Cultural, "porque la lava que protege el BIC es sólo la que está al pie de la cruz", contradiciendo así el criterio de los agentes del Seprona y de cuatro de los cinco peritos (sólo el presentado por la defensa aseguró que no se habían causado daños al patrimonio).
Sobre este punto, el fiscal sostiene que el propio Dimas Martín "reconoce, de su puño y letra, que las obras afectan a un Bien de Interés Cultural", en la resolución que firmó el 14 de julio de 2003. Sin embargo, el abogado de Dimas sostiene ahora que esa "resolución que cree prevaricante el fiscal, sobra", porque realmente no se trataba de un BIC.
Críticas a los técnicos
Además de lanzar ataques a los técnicos de Patrimonio, en especial a Manuel Perdomo, el abogado insistió en que Dimas Martín se limitó a resolver lo que le sugirió este técnico. Algo que el mismo Perdomo negó en su declaración como testigo en este juicio. Según el fiscal, es un "fraude intentar hacer ver que el informe de Perdomo valida la obra. Y aunque así fuera, tampoco sería suficiente, porque era necesario el informe de la comisión de patrimonio".
Por su parte, el abogado de Dimas también negó que el informe de la comisión de patrimonio fuera vinculante y afirmó que, "en todo caso", sería preceptivo. Este informe no llegó a solicitarse para autorizar las obras.
En la misma línea, también discutió que se tratara de suelo rústico de protección, y aseguró que el Plan General de Tinajo lo declara suelo urbano consolidado. Sobre este punto, el fiscal afirmó en sus conclusiones que ese Plan General entró en vigor en 2004, meses después de que se realizaran estas obras.
Lo que no valoró el abogado de Dimas Martín es si, como sostiene el fiscal y confirmó el propio constructor, las obras comenzaron antes incluso de que firmara la autorización de presidencia, y antes incluso de adjudicar los trabajos. "Todo lo que se ha dicho, a mí no me ha quedado claro. Pero Dimas todo lo que hace es firmar una resolución en base a informes".
Según su abogado, Dimas Martín "no tenía ni la menor idea de que se estaban ejecutando las obras". Sin embargo, después de que se iniciaran y de que un técnico del Cabildo firmara el acta de replanteo, Dimas firmó la resolución autorizando los trabajos, y posteriormente se le adjudicaron precisamente a la persona que las estaba llevando a cabo, y que cobró unos 59.000 euros del Cabildo por esos trabajos.
