El 75,4% de la población de Canarias está en contra de las prospecciones petrolíferas que Repsol está llevando a cabo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Ése es el resultado del macro sondeo realizado por el Gobierno de Canarias, cuyos resultados se han hecho públicos este lunes.
El sondeo, para el que se entrevistó a 2.772 personas, revela asimismo que un 15,4% de la población del Archipiélago sí está a favor de que se explore el fondo marino canario en búsqueda de crudo, mientras que el resto no tiene una opinión formada al respecto y "no sabe o no contesta"..
En los resultados individuales por islas, Lanzarote lidera la oposición, con un 83,8% de los encuestados en contra de las prospecciones. La siguiente isla con mayor número de encuestados en contra es Gran Canaria, con un 80,5%, y le sigue en tercer lugar Fuerteventura, donde el 72,9% se opone. En Tenerife, el 71,8% está en contra, mientras que en La Gomera lo está el 63,9%. Las islas con menor oposición son La Palma, con un 57,1% y El Hierro, con un 56,9%.
En lo referente a quienes están a favor, Lanzarote es también la isla con un porcentaje más bajo, con sólo un 8,4% de los encuestados. En Gran Canaria las prospecciones son apoyadas por el 12,7% de los encuestados y en Fuerteventura por el 16,1%, mientras que en Tenerife lo hace el 17,7% de los encuestados. El apoyo a los sondeos en búsqueda de hidrocarburos gana terreno en La Gomera, donde el 23,9% se muestra a favor, La Palma, con un apoyo del 24,6% y El Hierro, con el 22,1%.
Los encuestados en Lanzarote son también los más convencidos de que el Gobierno de Canarias debe continuar con su oposición institucional a las prospecciones, con el 84,6% de los encuestados decantándose por esta opción, frente al 74,1% de media del archipiélago.
Más mujeres en contra
El macro sondeo del Ejecutivo regional arroja otros datos significativos al fijarse en el perfil de los encuestados. Por ejempo, la oposición a las prospecciones es mayor entre las mujeres del Archipiélago (78,1% en contra) que entre los hombres (72,5%). Este dato cobra especial relevancia en Lanzarote, donde el 87,3% de las mujeres encuestadas se declara en contra de las prospecciones, frente a un 80,4% de los hombres.
En la segmentación por edad, el grupo de personas mayores de 65 años es el más favorable de las prospecciones, con un 18,1% que las apoya, frente al 68,4% que se opone. Los encuestados con entre 25 y 39 años son los que muestran más oposición, con un 81,6% en contra.
El impulso al empleo, el principal argumento del "sí"
Entre los argumentos que esgrime la minoría que se muestra a favor de las prospecciones petrolíferas, la explicación más repetida es que éstas pueden dar un impulso al empleo, como manifiesta el 90,6% de quienes están a favor. Le sigue el efecto positivo sobre la industria, defendido por el 59% de quienes apoyan los sondeos de Repsol, y la posibilidad de que la energía pase a ser más barata, con el 53,3%.
Los argumentos del "no" son la contaminación de las aguas, principal motivo de oposición para el 70,4% de quienes no apoyan las prospecciones, la contaminación de la costa y las playas, defendida por el 55,4% de los encuestados, los vertidos en el mar y sus efectos (54,8%) y la disminución del turismo (54,7%).
Para llevar a cabo la encuesta se entrevistó a 2.772 residentes en las Islas Canarias. De ellos, 418 estaban en Lanzarote, 420 en Fuerteventura, 630 en Gran Canaria, 618 en Tenerife, 201 en La Gomera, 306 en La Palma y 179 en El Hierro. Según se explica en la propia encuesta, la selección del muestreo por islas responde al interés de "garantizar errores de muestreo inferiores al 5% en las islas de Lanzarote y Fuerteventura", "un error inferior al 7,5%" en El Hierro, La Palma y La Gomera y "un error máximo del 4% en las islas capitalinas". Se buscaba así también "garantizar un error en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias inferior al 2,5%", según los responsables de realizar la encuesta.
El sondeo se ha realizado como alternativa a la consulta que el Gobierno canario pretendía llevar a cabo y que el Tribunal Constitucional paralizó como medida cautelar, tras el recurso presentado por el Ejecutivo central.
