Al menos dos imputados en la primera pieza separada del caso "Unión" que se va a juzgar en octubre han pedido la suspensión de la vista oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, alegando una cuestión prejudicial penal, según publica este miércoles La Provincia.
Este diario señala que entre los imputados se encuentran Dimas Martín y la ex concejal del PIL en Arrecife, Luisa Blanco, que pretenden aplazar el juicio hasta que se resuelva el procedimiento que investiga la denuncia del juez César Romero Pamparacuatro, primer instructor de la causa, por la desaparición o robo de varios autos.
La Provincia recuerda que en el sumario aparecieron autos sin la firma del juez y del secretario judicial. La juez instructora Silvia Muñoz citó a Romero Pamparacuatro, pero éste no quiso firmar más de 20 autos ya que aseguraba que no se trataban de los originales, puesto que él los había firmado en su momento. Precisamente por ello, interpuso una denuncia.
Varios imputados se han personado como perjudicados en este procedimiento, como Felipe Fernández Camero o Luis Lleó. El juez que instruye esta causa ha declarado el secreto de sumario, aunque ha permitido personarse a los imputados de Unión.
El juicio que está previsto para el próximo 16 de octubre afecta al ex consejero del Gobierno de Canarias, Francisco José Rodríguez Batllori, y a Dimas Martín, a quienes se acusa de sustraer presuntamente fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa. La Audiencia ya estableció en julio la fecha para celebrar esta vista, dentro de un calendario que se extiende hasta el 21 de noviembre a lo largo de nueve sesiones.
En esta pieza se investiga el pago de facturas por trabajos supuestamente no prestados. Rodríguez Batllori se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, mientras que la Fiscalía pide seis años de prisión para Dimas Martín.
Junto a Rodríguez Batllori y Dimas Martín, continúan acusados en esta causa José Miguel Rodríguez, que confesó los hechos y para quien la Fiscalía pide un año de prisión; la ex concejal de Personal y Régimen Interior, María Luisa Blanco; la ex consejera Delegada de Inalsa, Plácida Guerra; y el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea. Para estos tres últimos acusados, el Ministerio Público solicita cinco años de cárcel.
