El 14 de abril de 2010, dos años antes de ser detenido en el caso Montecarlo, el empresario José Montesinos acudió voluntariamente a la comisaría del aeropuerto de Gran Canaria, para denunciar el cobro de comisiones ilegales en varios ayuntamientos de Lanzarote. Y en su denuncia, señalaba principalmente al interventor de los Ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y Teguise, Carlos Sáenz.
Ante los agentes, Montesinos aseguró que tanto San Bartolomé como Arrecife le debían dinero "por servicios prestados" y que Sáenz le exigía comisiones ilegales para autorizar los pagos. Además, señaló también al ex concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez. Según la denuncia de Montesinos, Carlos Sáenz le dijo que debía entregar30.000 euros para el ex concejal del PIL, y "el mismo José Miguel Rodríguez se lo confirmó posteriormente".
En las fechas en las que supuestamente le reclamaron ese dinero para el concejal (un mes y medio antes de presentar su denuncia), José Miguel Rodríguez ya no estaba en el Ayuntamiento. El ex edil renunció a su acta después de ser detenido en el caso "Unión" (en el que confesó haber cobrado sobornos) y tras pasar varios meses en prisión provisional. Pero antes de dejar el Ayuntamiento, apoyó la moción de censura que convirtió en alcalde de Arrecife a Cándido Reguera en diciembre de 2009, con el pacto PP-PNL-PIL.
Tanto Reguera como el interventor Carlos Sáenz y el empresario José Montesinos están imputados por malversación de caudales públicos, entre otros delitos, en el caso Montecarlo. Y no sólo por su gestión en Arrecife, sino también en San Bartolomé, donde los tres también coincidieron, cuando Reguera era responsable de Hacienda de ese Ayuntamiento y José Montesinos empezó a trabajar para su Concejalía, encargándose de la recaudación de tributos y de supuestos trabajos de asesoramiento. La Fiscalía considera que tanto en Arrecife como en San Bartolomé, Montesinos cobró por servicios que realmente no había prestado.
Un intermediario para el presunto soborno
En su denuncia, Montesinos dio detalles sobre cómo Carlos Sáenz le pidió que abonara uno de esos presuntos sobornos, a través de un intermediario. Según el relato del empresario, él debía ingresar el dinero en la cuenta de un abogado, justificándose ese pago como una provisión de gastos por un servicio. Después, el letrado se lo haría llegar al destinatario. "Me dijo que ése sería el sistema e infraestructura nueva para poder hacer efectivo el cobro de comisiones ilegales".
Menos de dos años después de presentar esta denuncia en una comisaría de Gran Canaria, José Montesinos fue detenido dentro del caso "Montecarlo". Pero para entonces, ya había variado su versión. De hecho, durante el interrogatorio en los Juzgados de Arrecife, Montesinos no se ratificó en su declaración ante la Policía, y negó especialmente el párrafo en el que detallaba cuál iba a ser el "nuevo sistema" que supuestamente le planteó Carlos Sáenz para pagar los sobornos. Según el empresario, cuando terminó de declarar en Comisaría, un agente "le apareció con dos hojas y le dijo que lo firme", pero "no le dieron copia" y "firmó sin leer lo que ponía".
Sin embargo, aunque tras su arresto el empresario negó haber pagado comisiones ilegales, sí siguió cargando contra el interventor Carlos Sáenz y contra el abogado que supuestamente ejercía de intermediario. "Me tenían extorsionado. Son unos delincuentes", afirmó después de enfrentarse a un largo interrogatorio, en el que insistió en que él "aborrece la corrupción", que "no acepta mordidas de nadie" y que por eso Carlos Saénz "le bloqueó el pago de sus facturas".
Así, tras asegurar que no pagó comisiones ilegales, Montesinos aportó una nueva versión el 25 de mayo de 2012, en la que aseguró que lo que Carlos Sáenz le propuso es que "endosara" al abogado todas las facturas pendientes, para que él pudiera cobrar antes. "Me ofrecieron ese mecanismo como único modo de cobrar mis facturas", afirmó.
De denunciante a imputado
José Montesinos lleva cinco meses en prisión provisional por esta causa. El empresario fue investigado por los delitos de cohecho que él mismo denunció, pero también está imputado por presunta malversación de fondos. Durante años, el empresario cargó facturas por importe de cientos de miles de euros, primero al Ayuntamiento de San Bartolomé y después al de Arrecife, por trabajos que no están acreditados según la Fiscalía.
De hecho, la investigación pretende demostrar que, presuntamente, había una connivencia entre el empresario, políticos y técnicos para desviar dinero de ambas instituciones, y que Montesinos decidió denunciar cuando dejó de cobrar las facturas.
La denuncia que Montesinos realizó en una Comisaría de Gran Canaria en el año 2010 dio origen a unas diligencias judiciales, en las que terminó estando imputado, y llegó a prestar declaración ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas en marzo de 2011.
Unos meses después, una denuncia anónima de un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife llegó a la Fiscalía en Lanzarote. En esa denuncia, que dio origen al caso Montecarlo, se advertía sobre pagos presuntamente fraudulentos a José Montesinos y a otras empresas por parte del Consistorio. Así, ambas investigaciones se "cruzaron" y la denuncia de Montesinos se incorporó al sumario de Montecarlo, aportando nuevos elementos a esta causa.
