Dimas Martín ha vuelto a cargar contra la Operación "Unión" en una nueva carta enviada desde la prisión de Tenerife II. En esta ocasión, vuelve a poner en duda la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que incluso llega a acusar de "alterar actas de escuchas" con el objetivo de situarle en lugares "en los que nunca" ha estado y en reuniones a las que "nunca" ha asistido. Dimas reitera en esta misiva su rechazo a los presuntos delitos que le adjudica la UCO y afirma que todos ellos son fruto de "suposiciones e interpretaciones sesgadas de conversaciones interceptadas".
De esta manera, Dimas Martín pretende convencer de que el proceso judicial y policial más importante desplegado en Lanzarote no ha podido acusarle "con hechos probados" de los diferentes delitos que se le imputan. En su opinión, "se ha procedido de muy mala fe a criminalizar" todas sus actividades públicas y "se ha dado por sentado" que éstas perseguían "un fin ilícito".
En este sentido, Dimas denuncia que la UCO "ha usado" las reuniones que ha mantenido con cargos públicos imputados del PIL para "responsabilizarle" de supuestas actividades llevadas a cabo "por terceras personas", en las que, según afirma, "nada tiene que ver". Además, para justificar que se reuniera con dichas personas, el líder histórico del PIL hace hincapié en que "celebraba reuniones con todos los cargos públicos y orgánicos del PIL" por "mandato" del partido.
En esta carta, Dimas también intenta aclarar diversos puntos en los que presuntamente habría incurrido en algún delito, según indica la UCO en el sumario de la Operación "Unión". Así, pese a que la investigación de la UCO revela que Dimas participaba en reuniones sobre el Plan General de Yaiza, manteniendo además conversaciones con varios empresarios, con intereses en la zona de Playa Blanca, en su carta, el líder del PIL aclara que este encuentro tenía como objetivo "escuchar la exposición del redactor y debatir la situación en general del municipio".
Así, aunque Dimas no tiene ningún cargo público, sí reconoce que se reunió con la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y con el vicepresidente del Cabildo, Fabián Martín, así como con concejales y con el redactor del plan, pero afirma que el encuentro no se celebró "para influir sobre intereses urbanísticos de terceras personas".
Frase "sacada de contexto"
Dimas Martín también hace referencia al Plan General de Arrecife e indica que las acusaciones de la UCO podrían "rayar en lo temerario" ya que, en su opinión, "sacan de contexto una frase" que le dijo por teléfono a Ubaldo Becerra. Una de estas frases que Dimas le dijo a Becerra sobre este proyecto fue: "Tenemos que llegar a un acuerdo con Pedro (Luna) y decirle, oye Pedro, esto es lo que vamos a hacer y tú por 60 millones te vamos a dar el trabajo hecho, tú apenas vas a tener que redactar un poco y firmar". Pedro Luna, según la UCO, sería en apariencia al que se adjudicaría el plan, pero detrás de él se ocultarían los verdaderos autores, es decir, Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez.
Pese a la acusación de la UCO, Dimas insiste en que las reuniones a las que asistió, en calidad de "asesor", sobre el Plan General de Arrecife fueron para analizar la posibilidad de llevar a cabo un estudio previo sobre "Arrecife, la ciudad del futuro". En este proyecto, según dice, iban a tener cabida tanto agentes sociales, como sindicales, vecinales, profesionales, organizaciones políticas y empresariales. Así, reta a la UCO a que pruebe cuáles son sus "intereses privados" en Arrecife y a que demuestre en qué conversación telefónica o reunión se habló de "intereses privados de personas o empresas en particular".
La comisión de Castellano
En la carta enviada desde la prisión de Tenerife II, Dimas dedica gran parte del texto a denunciar la actitud del empresario José Antonio Castellano al que, según admitió Ubaldo Becerra ante el juez, pidieron una comisión del 10 por ciento para agilizarle el pago de unas facturas. Además, Becerra indicó ante el magistrado que esta directriz "venía de arriba, probablemente de Dimas Martín".
Sobre este asunto, a Dimas le "sorprende" que se le relacione con el supuesto cobro de comisiones a Castellano y asegura que en la conversación que interceptó la UCO él recomendó al entonces concejal de Hacienda en Arrecife, José Miguel Rodríguez, "que no pagara las facturas" de Castellano por considerar que "había indicios suficientes de irregularidades".
"Colocó a más de 100 personas"
Dimas se defiende también del presunto delito de tráfico de influencias del que le acusa la UCO por haber "gestionado", según él, trabajo para personas o empresas. Sobre esto, afirma que es "incierto" que tratara de influir para emplear a una persona en el Ayuntamiento de Arrecife y, además, trata de justificar estas "gestiones" en que contactó con empresas privadas para que "colocaran a más de 100 personas que se encontraban en situación límite".
"A lo largo de mis años dedicados a la política, mi despacho, mi casa, mi teléfono? siempre estuvieron abiertos a aquellos que, por cualquier necesidad, desearan ponerse en contacto conmigo, entre otras cosas, para solicitar que yo intercediera en situaciones personales delicadas. Y me siento orgulloso de haber logrado con mi intervención que cientos de personas hubieran podido tener trabajo, nunca pedí nada a cambio y mucho menos lo consideré tráfico de influencias. Los mejores testigos de ello son los propios beneficiados?, y mi conciencia", señala en la carta.
Para finalizar, Dimas Martín, deja alguna pregunta en el aire con el fin de desprestigiar la labor policial: "¿Por qué Carlos Espino cuando tuvo conocimiento del ofrecimiento que le hacían no lo puso en conocimiento del Juzgado de Guardia y de forma inmediata?, ¿y también el señor Castellano?, ¿si la UCO actuaba bajo secreto, como contactó el señor Castellano con ellos?, ¿es cierto que un alto político canario, ahora con destino fuera de España, no sólo estaba al tanto de la operación, sino que, estuvo presente en la supuesta reunión de Madrid?"
