Dimas Martín ha conseguido ganar tiempo. Después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena a ocho años de cárcel por el caso del Complejo Agroindustrial, la defensa del líder del PIL solicitó una aclaración de la sentencia, y eso ha provocado que la causa aún no haya salido del Supremo. De hecho, y aunque se ha superado con creces el plazo fijado para dar respuesta a este tipo de solicitudes, que suelen despacharse en unos días, el Tribunal aún no ha terminado de elaborar esa aclaración, y por tanto el tema sigue parado.
Además, la carrera por evitar el ingreso en prisión tampoco terminaría ahí, y siguen siendo más las vías abiertas. Una está también en el marco del Supremo, presentando un incidente de nulidad, para intentar invalidar la sentencia alegando algún defecto en su contenido, pero sus posibilidades de prosperar son casi nulas, y este trámite también serviría sólo para retrasar un poco más la ejecución de la sentencia, por un plazo de tiempo que variará según lo que el Supremo tarde en responder.
Cuando la aclaración y el incidente de nulidad se resolvieran, el TS podría devolver el caso a la Audiencia Provincial de Las Palmas, que fue quien juzgó a Dimas Martín y quien debe ordenar el cumplimiento de la condena. Unos trámites que, como mínimo, retrasarían la ejecución de la sentencia hasta finales de este año o principios del próximo, pero que difícilmente le permitirían participar en las próximas elecciones de mayo o en la campaña electoral.
Estrategia
Sin embargo, el líder del PIL aún puede intentar agotar otras opciones para seguir retrasando su ingreso en prisión. Una de ellas está en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que puede tardar varios años en resolverse. Precisamente por eso, en algunos casos, el propio Constitucional decide suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia, para evitar que su pronunciamiento llegue cuando ya se ha terminado de cumplir la condena. Pero el caso de Dimas Martín no se ajusta a los parámetros que se tienen en cuenta para esos aplazamientos, porque se conceden en casos de menor gravedad, a personas sin antecedentes y, sobre todo, que se enfrenten a penas de menos de cinco años de prisión.
En el caso de Dimas Martín, la condena que pesa sobre él es de ocho años, y por tanto no podría acogerse a este aplazamiento, por más que el Constitucional estuviera evaluando su recurso de amparo. Es decir, que la ejecución de la condena seguiría su curso. Sin embargo, algunas fuentes jurídicas consideran que la aclaración de la sentencia que ha solicitado la defensa de Dimas no pretende sólo ganar unos meses, sino mucho más tiempo.
Con esa aclaración, el abogado del líder del PIL podría estar intentando reflejar que Dimas no tiene una condena de ocho años, sino tres distintas (una de seis años de cárcel por malversación de fondos, y otras dos de un año de prisión cada una por fraude de subvenciones y por un delito contra la Seguridad Social), y que por tanto sí podría estar más cerca de los supuestos que contempla el Tribunal Constitucional para aplicar esta medida cautelar. Un extremo que será difícil que se acepte, por un lado porque sólo una de las condenas ya supera los cinco años establecidos como máximo, y por otro porque realmente las tres condenas forman parte de la misma causa y de la misma sentencia.
Pendiente del indulto
Ante este panorama, la gran esperanza de Dimas Martín vuelve a estar una vez más en el indulto. Una medida de gracia que se dirime en el Consejo de Ministros, y que no tiene unos parámetros establecidos para determinar que sea concedido o no. Sin embargo, el hecho de que Martín ya recibiera un indulto en su día por el caso del bañadero de Guatiza, y que posteriormente solicitara otro que fue denegado por el caso de la compra del voto a un concejal de Arrecife, complica la situación para el líder del PIL. Además, a esto hay que sumar la gravedad de los delitos que fueron juzgados en esta ocasión, y también el hecho de que se trata de una persona con otros antecedentes penales.
En cualquier caso, el propio Dimas Martín ha confirmado en varias ocasiones que utilizará todos los recursos posibles para evitar el cumplimiento de una condena que sigue considerando injusta, y por tanto intentará también solicitar el indulto. Y mientras el Consejo de Ministros se pronuncia, el líder del PIL podría pedir que se aplace su ingreso en prisión, como ya ha hizo en su momento con otras condenas que pesaban sobre él. En este caso, la decisión dependerá de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que para atender esas peticiones sigue parámetros similares a los del Constitucional, y por tanto será difícil que acepte la solicitud.
Así, será prácticamente imposible que el PIL pueda contar con su líder para la próxima campaña electoral aunque, obviamente, todo dependerá de la velocidad con la que la Justicia vaya respondiendo a cada una de las presentaciones de los abogados de Dimas. De momento, ya han conseguido ganar seis meses desde que el Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y se espera que al menos gane otros dos, pero la clave es si conseguirá llegar a mayo en libertad.
