La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto con las asociaciones Somos Uno Más, Sentirte, NEAEs Tenerife, Amararte y ACAEDIN, la Comisión de NEAE de Fuerteventura, FAPA Galdós y UDECA, manifiestan públicamente su "profundo rechazo e indignación" ante las enmiendas 112, 113, 114 y 143 del Grupo Parlamentario Popular incorporadas en el Senado al Proyecto de Ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia.
Las entidades canarias se suman a la denuncia jurídica realizada por la Asociación Segundo Maestro y REDIN y advierten de que estas modificaciones "pueden representar un grave retroceso en los derechos educativos del alumnado con discapacidad, al afectar directamente al modelo de escolarización, a la evaluación psicopedagógica, al papel de los servicios de orientación y, especialmente, a la obligación de transformar y dotar de recursos a los centros ordinarios".
"No estamos ante una cuestión menor ni meramente técnica. Estamos hablando del derecho fundamental a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad", manifiestan.
Cuatro enmiendas especialmente preocupantes
La enmienda 112 modifica el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2013 y sitúa en un mismo plano normativo los centros ordinarios, los centros de educación especial, la escolarización combinada y las aulas específicas.
Esto supone, a su juicio, "un enorme riesgo de normalización y perpetuación de modalidades educativas separadas por razón de discapacidad, en lugar de avanzar hacia un sistema educativo ordinario capaz de garantizar los apoyos y ajustes que cada alumno necesita".
La enmienda 113 introduce un nuevo artículo 18 bis sobre itinerarios educativos y formativos, sometiendo la determinación del itinerario del alumnado con discapacidad a una valoración individualizada y condicionando determinados accesos a informes de los servicios de orientación.
"Nos preocupa especialmente que la evaluación psicopedagógica pueda terminar convirtiéndose en una herramienta administrativa que condicione el ejercicio de derechos educativos que para el resto del alumnado no están sometidos a este tipo de autorización", aseguran.
La enmienda 114 elimina obligaciones previamente previstas para los servicios de orientación, entre ellas explorar las posibilidades de inclusión en centros ordinarios, identificar las barreras existentes y proponer medidas para eliminarlas.
"Y especialmente grave consideramos la enmienda 143, que pretende derogar la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, que establece el mandato de dotar progresivamente, en un plazo de diez años, a los centros ordinarios de los recursos necesarios para poder atender adecuadamente al alumnado con discapacidad", apuntan.
"No se puede hablar de inclusión mientras se elimina precisamente la obligación de proporcionar los recursos que hacen posible esa inclusión", defienden.
En Canarias conocemos las consecuencias de la falta de recursos
Desde Canarias advertien, además, de las consecuencias especialmente preocupantes que podría tener este retroceso. "Durante años, las familias hemos denunciado que la falta de recursos, apoyos y personal en los centros ordinarios termina utilizándose para justificar la derivación del alumnado con discapacidad hacia aulas enclave o centros de educación especial".
"Por eso resulta especialmente alarmante que, mientras se refuerzan jurídicamente diferentes modalidades de escolarización separada, se pretenda eliminar uno de los principales mandatos legales destinados precisamente a reforzar los recursos de la escuela ordinaria", continúan.
La falta de recursos de la Administración "nunca puede convertirse en una supuesta necesidad educativa del niño o de la niña".
Especial preocupación ante la futura Ley de Diversidad de Canarias
Esta situación "adquiere todavía mayor gravedad para las familias canarias en un momento en el que nuestra comunidad autónoma se encuentra inmersa en la tramitación de una nueva Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado".
"Las entidades firmantes estaremos especialmente vigilantes para impedir que cualquier retroceso que pueda producirse en la normativa estatal sea utilizado posteriormente para consolidar en Canarias un modelo basado en la segregación del alumnado con discapacidad, en lugar de garantizar su inclusión efectiva en el sistema educativo ordinario con todos los recursos y apoyos necesarios", afirman.
"Canarias necesita avanzar, no retroceder. Una nueva ley de diversidad debe servir para garantizar derechos, eliminar barreras, establecer apoyos reales y proteger al alumnado frente a cualquier forma de discriminación o exclusión", exponen.
Exigimos al Congreso que rechace estas enmiendas
Por todo ello, las organizaciones firmantes solicitan a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que no ratifiquen las enmiendas 112, 113, 114 y 143 en los términos aprobados por el Senado y que sean sometidas a votación separada para posibilitar su rechazo.
Asimismo, reclaman que se mantenga íntegramente la disposición adicional cuarta de la LOMLOE y que se garantice un compromiso efectivo, acompañado de financiación, planificación y rendición de cuentas, para dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios.
"La educación inclusiva no puede depender del código postal, de los recursos disponibles en cada centro ni de una decisión administrativa sobre hasta dónde puede llegar un alumno por tener una discapacidad", dicen.
El artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a un sistema de educación inclusivo y la Constitución española obliga a los poderes públicos a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Por ello, advertien de que "no permitiremos que se utilice una ley destinada a reforzar los derechos de las personas con discapacidad para introducir modificaciones que puedan terminar debilitando su derecho a una educación inclusiva. No sobran niños. Faltan recursos y falta voluntad para transformar el sistema. La inclusión no consiste en elegir dónde separar al alumnado con discapacidad. Consiste en transformar la escuela para que ningún niño o niña tenga que ser separado por razón de su discapacidad".
Las entidades firmantes son: Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, Asociación Somos Uno Más, Asociación Sentirte, NEAEs Tenerife, Amararte, ACAEDIN, Comisión de NEAE de Fuerteventura, FAPA Galdós y UDECA.
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