La crisis de vivienda que afecta a Canarias sigue sin solucionarse, mientras las medidas planteadas son insuficientes. El Gobierno de España aprobó el bono de alquiler joven, una ayuda de 250 euros mensuales para menores de 35 años. Sin embargo, Canarias y otras comunidades autónomas no estaban cumpliendo con la celeridad que exigía la normativa para tramitar esas ayudas.
El Defensor del Pueblo, en su informe anual de 2024, señaló el "notable retraso" del Gobierno de Canarias en la "resolución de estas ayuda", que fue de más de un año y le llevó a formular "recordatorios de deberes legales" a las islas atlánticas, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía y Aragón.
Este organismo instó a las administraciones regionales a "dictar y notificar en tiempo y forma" la resolución para conceder la ayuda al bono de alquiler joven y para que actuaran con "eficacia, economía y celeridad".
Así pues, resaltó "la dificultad" que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda y cómo afecta esto a su emancipación. "Los recursos destinados a las ayudas al alquiler dirigidos a este colectivo parecen no ser suficientes para cubrir las necesidades", expuso en el citado informe. De este modo, añadió que, a pesar de cumplir los requisitos, muchos jóvenes quedaron fuera de la convocatoria porque se agotó el crédito disponible.
