Cristina Valido cumple diez meses al frente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. Una Consejería desde la que afirma que se trabaja por mejorar la calidad del empleo en el archipiélago aunque, eso sí, teniendo en cuenta que "la reforma laboral da unas facilidades a las empresas" contra las que, asegura, no pueden luchar. Sobre el trabajo en esta área ha hablado con La Voz de Lanzarote anunciando, entre otras cosas, una nueva campaña con Inspección de Trabajo para aflorar la economía sumergida. La consejera también ha explicado los planes del Gobierno de Canarias para aumentar el parque público de vivienda en las islas, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, donde los precios de los alquileres se han disparado.
- Se acaban de conocer los datos del paro relativos a septiembre, que reflejan una subida en el número de desempleados en Canarias. ¿Qué valoración hace de los mismos?
- Bueno, esta es una época en la que siempre hay un pequeño repunte del paro que responde al final de una etapa de incremento de visitantes. Por lo tanto, hay muchos contratos temporales de refuerzo que se producen en el verano y que finalizan en septiembre. Yo creo que lo importante es ver los datos interanuales, que son los que nos indican cuál es la tendencia, más que fechas puntuales estacionales. Nos pasó lo mismo en marzo, la Semana Santa se retrasó, no se produjeron las contrataciones que en años anteriores y también tuvimos un dato que no era lo bueno que cabía esperar, mientras que al mes siguiente se incrementó la contratación. En la interanual tenemos, a fecha de hoy, casi 10.000 personas más trabajando en Canarias de las que teníamos en la misma fecha de 2016 y ese es un crecimiento importante, que además se produce en Canarias de forma más estable que en el resto del territorio. Y también tenemos un crecimiento de contratos indefinidos muy relevante. El próximo mes tenderá a estabilizarse con la llegada de la temporada alta de invierno porque, salvo situaciones que no están bajo nuestro control, pues estamos en un momento de incertidumbre en el país, nada nos hace pensar que esta tendencia vaya a cambiar.
-Ha hablado de esa tendencia al alza en la contratación indefinida, pero lo cierto es que sigue habiendo un gran número de contrataciones temporales. Por ejemplo, en el caso de Lanzarote, un 80% de los contratos firmados en el último año eran temporales, siendo el 40% de una duración de un mes. ¿De qué manera se trabaja desde el Gobierno de Canarias para fomentar la contratación indefinida?
- Hemos pactado con el Estado una serie de bonificaciones en los contratos indefinidos, especialmente a parados de larga duración, a mujeres en el caso de profesiones donde la presencia masculina es mayoritaria, a menores en el amplio espectro incluso de garantía juvenil. Reforzamos mucho la inclusión de personas jóvenes también con programas de formación y, de alguna manera, a medida que se va estabilizando la situación económica, las empresas también tienden a ir a un contrato indefinido para ser beneficiarios también de estas bonificaciones, lo que no significa que ésta sea la única forma. Desde luego, estamos trabajando con una reforma laboral que plantea determinadas facilidades a las empresas a la hora de contratar con las que nosotros no podemos luchar salvo motivando y bonificando a esas empresas que apuestan por los contratos indefinidos. Lo he dicho muchas veces, en un momento como éste en el que la economía va mejor, habría que replantearse determinadas medidas que se tomaron cuando las cosas iban mal, plantear unas garantías en la contratación y un incremento de salarios mínimos que ofrezcan mucha más seguridad y estabilidad a los trabajadores.
- Inspección de Trabajo afloró en 2016 cerca de 5.400 empleos sumergidos en Canarias. ¿De qué manera continúa trabajando el Gobierno de Canarias en cuanto a inspecciones para mejorar la calidad del empleo y velar porque se cumplen los derechos de los trabajadores?
- Vamos a firmar un nuevo acuerdo, bueno, ya lo hemos firmado, para reforzar la plantilla de inspectores en Canarias con el objetivo de emerger toda la economía sumergida y poder localizar los incumplimientos y que sean sancionados como corresponde. No sólo, motivo importantísimo, por garantizar los derechos de los trabajadores, sino también porque estamos hablando de empresas y actividades económicas que están haciendo trampa y que están compitiendo deslealmente con aquellos que están cumpliendo toda normativa, pagando sus impuestos y la afiliación a la Seguridad Social de sus trabajadores. No es sólo una cuestión de sancionar, sino que regularizar y resolver todas aquellas cuestiones que se detectan pueden también amortiguar la sanción y emerger esas situaciones han generado en los últimos cuatro o cinco años casi 43.000 contratos, que bien no existían o eran inferiores a las horas que trabajaban estas personas y que se han regularizado. Es muy importante seguir vigilando, inspeccionando, para que todo el mundo juegue con las mismas cartas, tenga las mismas posibilidades, y garantice a los trabajadores una pensión digna en el día de mañana, unos derechos, y la respuesta económica que merece su trabajo y dedicación diaria en cualquier empresa
- Ese refuerzo en la plantilla de inspectores, entiendo que va a ser para una campaña puntual...
- Sí, en el último trimestre se van a incorporar alrededor de entre 30 y 34 inspectores. En este momento se está produciendo la selección, porque son inspectores que están destinados en otros lugares que vienen a reforzar para hacer una campaña concreta. No vamos a traer a los 34 en todo momento para hacerlo todo, sino que vamos a establecer varios periodos, sin avisar, para poder en determinados momentos entre hoy y diciembre hacer campañas que, insisto, tampoco puede anunciarse demasiado, porque si no estaríamos alertando a los que hacen la trampa. Pero estamos contentos de poder reforzar, de tener más personas que nos ayuden a emerger toda esa economía. No obstante, se realizan inspecciones de forma asidua, a veces por la propia Inspección sin mediar denuncia alguna, en otras son fruto de una denuncia y luego están las campañas especiales en las que se pactas refuerzos para determinados momentos en los que se produce, o se sospecha que se produce un mayor incumplimiento de la norma, para recordarles con la presencia de los inspectores que estamos vigilantes y que hay que cumplir la ley, la norma, como lo hacen otros muchísimos empresarios.
- ¿Cree que estas inspecciones están teniendo sus efectos en el empresariado consiguiendo que cumplan la normativa y que se mejore la calidad del empleo?
- Yo creo que sí, que la gente se va mentalizando. Que algunos, aunque hayan tenido la suerte de no ser pillados, conocen a otros que sí y saben que las sanciones son importantes. Cuanto más se habla de esto se genera más conciencia y, los que cumplen, cada vez denuncian más, porque están muy enfadados, como es lógico, con aquellos que quieren jugar con ventaja. La mayoría de los sectores y del empresariado cumple la normativa y a veces con mucho esfuerzo, porque en ocasiones las cosas no van tan bien y apenas a final de mes se tiene lo suficiente para cumplir con todas las obligaciones de Seguridad Social, de Hacienda, de nóminas. Ante ese esfuerzo, entonces, no cabe que otros intenten ahorrarse dinero no cumpliendo, máxime cuando esto supone la situación injusta e ilegal de un trabajador, que en ocasiones es él el primer perjudicado, porque tiene unos derechos que no se ven cumplidos y que en el futuro van a haber más afectados. Insisto, 43.000 personas en cuatro años, contratos que bien pasaron de parcial a jornada completa o a indefinidos, personas que incluso no estaban contratadas y fueron dadas de alta de forma inmediata, es un resultado positivo del trabajo que se ha venido haciendo todo este tiempo.
- Uno de los colectivos que más ha denunciado su situación es el de las camareras de piso, las llamadas kellys. Usted se comprometió con ellas en junio a intermediar ante la Fiscalía para exigir el cumplimiento de sentencias sobre sus condiciones laborales y a estar vigilantes desde el Gobierno de Canarias para que se cumplas las condiciones que se pactan en sus contratos. ¿Ha cumplido su compromiso?
- Hemos trabajado con ellas en algunas jornadas que hemos organizado. Hoy justamente, en Lanzarote, están el director general de Trabajo y el consejero de Turismo en una reunión con ellas, yo ya me reuní. Tenemos unas pautas de trabajo que, como bien se ha dicho, han consistido ya en algunas conversaciones con la Fiscalía y un trabajo también con la Inspección, que también conocen por nosotros mismos, porque mantienen un contacto muy directo con nuestro director general de Trabajo. También estamos hablando con la patronal, algo que no sólo he hecho yo, sino que el propio consejero de Turismo, Isaac Castellano, que hoy está con ellas, va a hacer. En fin, la Inspección es un refuerzo importante, porque las denuncias que hacen son denuncias que luego la Inspección puede probar y, en ese sentido, tenemos que colaborar al máximo para que se cumpla con los derechos que tienen y tengan trabajo de calidad.
-Además de Empleo, usted también gestiona el área de Vivienda. Desde el Cabildo de Lanzarote se anunció recientemente que el Gobierno de Canarias iba a destinar tres millones de euros para vivienda pública en la isla y se planteaba desde la isla tanto la construcción de vivienda nueva como la posibilidad de adquirir viviendas ya construidas. ¿Qué es lo que se plantea el Gobierno de Canarias?
Nosotros estamos trabajando en una estrategia singularizada para todas las islas. Es verdad que hemos estado con los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, hoy mismo he estado con la Fecam, hablaremos con ayuntamientos y con todos antes de presentar esta estrategia en la que pretendemos recoger un poco las propuestas de todo mundo. Desde luego, hay dos vías claras, o construyes o compras. Hay islas en las que es más fácil adquirir suelo, islas en las que es más complicado, islas en las que es más fácil comprar porque hay más viviendas vacías a precios razonables y hay islas donde ya no se puede comprar porque no hay ya precios razonables y ese parque de viviendas vacías ya no existe o, si existe, tiene compradores dispuestos a pagar más de lo que puede pagar una administración pública y, por tanto, en estos espacios podríamos hablar de Lanzarote y Fuerteventura y nos tenemos que plantear construir. Tenemos que ver también con los municipios qué suelos están disponibles y, desde luego, cuando hablamos de tres millones, nosotros tenemos claro que una promoción de viviendas nos va a costar más de tres millones. Es una petición que yo nunca he discutido, pero estoy convencida de que, en el momento en que dispongamos del suelo y tengamos el proyecto, tendremos que poner más de tres millones. Pero, insisto, es una medida que tenemos que proponer también hablando con los ayuntamientos y cuando tengamos esa estrategia la presentaremos también a la Fecam y a la Fecai y, si cuenta con el apoyo y la aprobación de todos, pelearemos para conseguir los recursos necesarios para desarrollarla.
¿De qué plazos estaríamos hablando?
Pronto, porque nosotros estamos ya con el trabajo muy avanzado, lo que pasa es que esto exige mucho diálogo con muchas administraciones. Ten en cuenta que los municipios tienen competencias, tienen el suelo, los cabildos están muy preocupados, la comunidad autónoma tiene sus competencias también en materia de vivienda pública y tenemos que ponernos de acuerdo y repartirnos un poco la tarea, porque nosotros no tenemos el suelo. El suelo lo tienen fundamentalmente los municipios y ahí es donde tenemos que llegar a acuerdos para promover nuevas viviendas de protección oficial públicas o privadas. En estos momentos, el Gobierno de Canarias tiene 15.000 viviendas públicas que también tenemos que rehabilitar y cuya ocupación también tenemos que revisar. Vamos a hacer un censo para organizar también la ocupación de estas viviendas, porque podría darse el caso de que personas que no reúnen ya las condiciones para ser beneficiarios de una vivienda de estas características, sigan ahí y no hayan notificado la mejoría de su situación. Tenemos que racionalizar el uso de lo público, es lo justo, y esta es otra medida dentro de nuestra estrategia, la revisión de nuestro censo de viviendas públicas ocupadas.
Por sus palabras anteriores, entiendo que ve muy difícil la posibilidad de adquirir viviendas vacías en las islas orientales para incorporarlas al parque público de vivienda…
Desde luego, la adquisición de viviendas en algunos sitios es poco probable por los precios del mercado. Nosotros vamos a sacar una convocatoria pública porque no podemos contratar a capricho y, en todas las islas, propietarios y promotores presentarán sus ofertas. Ojalá también en Lanzarote y Fuerteventura, pero es cierto que probablemente en menor cantidad y a mayor precio que en otros lugares donde hay a lo mejor más posibilidades de adquirir, más oferta., En estos momentos, en Fuerteventura, por ejemplo, no hay una oferta muy importante de viviendas para comprar que no tengan compradores. Vamos a ver, cuando se saque la convocatoria, si dentro de esas viviendas que podamos adquirir también podemos contar con Lanzarote y Fuerteventura. En cualquier caso, serán viviendas siempre para personas muy vulnerables, porque es para eso siempre para lo que trabaja el Gobierno, para personas que son las que peor lo están pasando. Que si para una persona de situación media se convierte en algo carísimo, para estas personas es un milagro.
- ¿Y qué pasa con esas personas que si tienen ingresos pero que no los suficientes para poder acceder a un alquiler porque los precios se han disparado, que es una realidad que está ocurriendo en Lanzarote, donde además hay escasez de viviendas debido al auge del alquiler vacacional?
Hay que fomentar la ayuda al alquiler, intentar crecer también en ese capítulo para que la gente que, de alguna manera, su situación no es tan grave como para estar en los primeros puestos para acceder a una vivienda pública, pueda con una ayuda al alquiler acceder a una vivienda de alquiler privado. Desde luego, el alquiler en Lanzarote y Fuerteventura se ha disparado. Es difícil encontrar viviendas en alquiler para largas temporadas y eso pasa también por otra realidad que desde Turismo se está realizando, que es el decreto que ha de regular la explotación de las viviendas de alquiler vacacional. Creo que son muchas las medidas que hay que tomar y estamos tratando con Turismo de plasmar todas estas ideas y, cada uno en el ámbito de sus competencias y posibilidades, tratar de mejorar la situación. Tenemos que buscar vías, porque las ayudas al alquiler en lugares donde puedes encontrar alquileres bajos, te sirven para algo, pero si te vas a sitios donde cualquier alquiler se te pone en más de 1.000 euros, ahí la ayuda al alquiler ayuda poco. Tenemos que ver si es posible, en los sitios donde el alquiler esté en precios muy elevados, incrementar esa ayuda al alquiler. No sé también si el Estado, que cofinancia estas ayudas, permitiría esta ampliación específica para determinados territorios si no se da en el resto del Estado, porque hablamos de un convenio cofinanciado pero, desde luego, hay que estudiar cualquier posibilidad de dar mejor respuesta porque, si no, no estamos logrando ayudar mucho a nadie.
