El abogado de los afectados acusa al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias de haber actuado con negligencia, pero confía en que las instituciones emitan un certificado que demuestre que se trata de un núcleo urbano. El polémico deslinde ha dado l

Costas asegura que "no se ha planteado hasta la fecha" realizar demoliciones en El Golfo y los vecinos confían en poder resolver la situación

Aunque Costas no se plantea demoliciones, los vecinos demostrarán que sus casas quedan fuera del deslinde

Costas asegura que "no se ha planteado hasta la fecha" realizar demoliciones en El Golfo y los vecinos confían en poder resolver la situación
Costas asegura que "no se ha planteado hasta la fecha" realizar demoliciones en El Golfo y los vecinos confían en poder resolver la situación

De momento no se ha planteado demoler ninguna edificación. Eso es lo que ha asegurado, este martes en Madrid, el director general de Costas al consejero insular de Política Territorial, Carlos Espino, quien ya adelantaba este jueves que todavía no se ha entrado en valorar las situaciones jurídicas de los particulares". Según Espino, Costas se ha limitado a informar a los vecinos del nuevo deslinde, para que "vayan preparando sus estrategias y hagan valer sus derechos".

Y parece que ya han empezado a hacerlo. Desde este miércoles los afectados de El Golfo han estado buscando soluciones junto al abogado José Ortega, que han contratado para el caso. Para éste, las edificaciones de El Golfo están protegidas por el reglamento de Costas, porque pueden ser categorizadas como núcleo urbano por una autoridad competente. De esta manera, la zona de servidumbre de protección sería sólo de 20 metros.

Además, han reunido documentación y fotografías aéreas del pueblo que, según los vecinos, demuestran que la mayoría de las casas estaban con anterioridad a la ley.

Según el abogado de los afectados de El Golfo, si una autoridad competente hubiera certificado en su momento el carácter urbano de El Golfo, el expediente se podría haber parado. Para José Ortega "se han cometido negligencias por parte del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias", porque no presentaron este informe en su momento, en las alegaciones que se solicitaron una vez iniciado el expediente.

El deslinde marítimo - terrestre ha venido condicionado por la marea más alta de la historia, pero el abogado de los afectados considera que la motivación del expediente es "arbitraria" y "gratuita" porque "no existen pruebas" que justifiquen las argumentaciones sustentadas en la resolución, entre las que aparece que en época de temporal, las mareas afectan a las edificaciones pegadas a la costa.

De momento, los vecinos evitarán la vía judicial, ya que creen que el asunto se puede solucionar de forma sencilla con el apoyo del Ayuntamiento, del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Para la tarde de este viernes ya tienen prevista una reunión con la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, y con representantes del Ayuntamiento de Yaiza. Por su parte, Carlos Espino, tras su reunión con el Director de Costas, también ha anunciado que la próxima semana tendrá un encuentro con los afectados para "informarles sobre la situación real del expediente".

LO MAS LEÍDO