La secretaria general del PSOE en Lanzarote, María Dolores Corujo, se ha mostrado muy crítica este lunes con el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, por no haber entregado las certificaciones de pago a dos acreedores de Inalsa y también ha cuestionado lo sucedido en el pleno del Cabildo celebrado el viernes, ya que considera que el grupo de gobierno (compuesto por CC y PSOE) incumplió el reglamento, algo que le "preocupa".
Corujo aún no se ha reunido con sus compañeros del PSOE para que le expliquen qué ocurrió en el pleno del viernes, que acabó con gritos de "Franco ha vuelto". Lo que no se explica es por qué no se votó la urgencia de la propuesta presentada por el PIL sobre el reparto de las ayudas de emergencia educativa, cuando entiende además que esta iniciativa "iba a decaer", puesto que estas subvenciones habían sido aprobadas previamente en el Consejo de Gobierno, sin llevarlas el pleno.
"No sé dónde estaba la preocupación del grupo de gobierno y por qué no se podía llevar a debate la propuesta del PIL", ha criticado Corujo en Radio Lanzarote-Onda Cero. "Entiendo que ha habido un incumplimiento del reglamento, en mi humilde opinión que tengo que contrastar. Toda votación por urgencia se lleva y se aprueba la urgencia, se debate y se vota. Hay que cumplir con el reglamento", ha subrayado Corujo.
"Entregar inmediatamente las certificaciones"
Además de estas críticas, la secretaria general del PSOE en Lanzarote ha mostrado su "preocupación" como alcaldesa de San Bartolomé ante el "duro" auto del juez de lo Mercantil que señaló que el Consorcio Insular de Aguas debía entregar las certificaciones a Aguas Filtradas y a la UTE Edam Janubio (integrada principalmente por FCC). "Hay que entregar inmediatamente las certificaciones, que simplemente es respetar el convenio, el acuerdo firmado, y acreditado en una sentencia firme. Hay que respetar los acuerdos que judicialmente se han establecido, ni más ni menos", ha exigido Corujo.
Corujo ha querido dejar claro que la decisión de no entregar estas certificaciones principalmente a la UTE Edam Janubio, puesto que finalmente el Consorcio sí aprobó la entrega a Aguas Filtradas, ha sido "sorprendente" y se ha realizado "de forma unilateral" por el presidente del Consorcio, Pedro San Ginés, que a su vez es el socio de gobierno del PSOE en el Cabildo. "No fue el Consorcio el que se negó a entregar las certificaciones a los acreedores. El Consorcio mandató al presidente a firmar el convenio con los acreedores y con una quita específica ya acordada", ha insistido.
El Cabildo tiene un 60 por ciento de representatividad en el Consorcio, mientras que los ayuntamientos tienen un 40 por ciento. Tanto la alcaldesa de San Bartolomé, como los alcaldes de Arrecife, Tías y Haría se mostraron en contra de no entregar estas certificaciones, mientras que la alcaldesa de Yaiza y el de Tinajo votaron a favor de la propuesta de San Ginés. San Ginés aseguró que el motivo para no entregar ese certificado era que "actualmente existen diversos litigios" con estas empresas que podrían "variar las cuantías adecuadas". Además, afirmó que este asunto lo había tratado con el juez.
Corujo ha insistido en que la entrega de certificaciones "se tenía que realizar porque lo dice un juez con una sentencia firme". "A veces el sentido común, el estudiarse bien los temas, el cuestionarlos porque nos preocupaban y mucho" es positivo, ya que finalmente un juez les ha venido "a dar la razón en un auto duro". "Quizá no estamos acostumbrados a que una alcaldesa, como puede ser la de San Bartolomé, no sólo se lea la documentación, sino que se asesore sobre un tema que preocupa por la responsabilidad que tengo al representar a casi 20.000 vecinos y por el riesgo que supone para el Ayuntamiento", ha señalado.
"Cada uno que asuma su responsabilidad"
De momento, Corujo no ha tenido "tiempo" para hablar con el presidente del Consorcio sobre este asunto, aunque le ha pedido que convoque una nueva asamblea donde dé cuenta de la situación y que "entregue inmediatamente las certificaciones, que simplemente es respetar el convenio". "Hay que entregar las certificaciones y cada uno que asuma la responsabilidad que le toca en relación a las decisiones adoptadas. Yo he dejado clara mi postura", ha manifestado la secretaria general del PSOE en Lanzarote.
Además, ha confirmado que el Ayuntamiento de San Bartolomé también ha recibido una "notificación notarial" de FCC, que es "una amenaza de posible estafa procesal", al no haberle entregado estas certificaciones de pago.
