La Audiencia Provincial ya ha dictado sentencia en el primer juicio del caso Unión y lo ha hecho condenando a los seis acusados que se sentaron en el banquillo. La sentencia considera probado que todos incurrieron en delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación en los pagos que se realizaron desde Inalsa y desde el Ayuntamiento de Arrecife al ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, por servicios no prestados.
La mayor pena es precisamente la impuesta a Batllori, que suma además otro delito de falsedad documental. En total, la Audiencia le impone una condena de 7 años y tres meses de cárcel. En cuanto a Dimas, deberá cumplir cinco años y medio de prisión.
Una pena similar se impone a la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra; y al ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta, condenados a cinco años de prisión cada uno. En cuanto a la ex concejal de Personal de Arrecife, Luisa Blanco, la Audiencia le impone cuatro años y medio de prisión.
La menor pena es para el ex concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, ya que reconoció los hechos durante el juicio y había mostrado su conformidad con la condena. En su caso, la Audiencia le impone un año de cárcel.
Deberán devolver el dinero malversado
Además, todos ellos deberán devolver a Inalsa y al Ayuntamiento de Arrecife el dinero malversado. En total, 26.089 euros a Inalsa y 19.764 euros al Consistorio capitalino. En todos los casos, la sentencia impone prácticamente la totalidad de las penas solicitadas por el fiscal Javier Ródenas.
La Audiencia señala como "hechos probados" que Dimas Martín y Rodríguez Batllori "se concertaron para que el segundo, de forma indebida y sin contraprestación alguna, se beneficiara de fondos públicos de la isla de Lanzarote". Para ello, "guiado por el ánimo de lucro y con la finalidad de satisfacer determinados gastos", Batllori presentaba "minutas que no se correspondían con la realización de servicio alguno" tanto al Ayuntamiento de Arrecife como a Inalsa.
Después, esas minutas eran abonadas por ambas administraciones gracias a "la ascendencia que como miembros del PIL", tenía Dimas Martín sobre los cargos públicos de los que dependían esos pagos. Y todos ellos eran "perfectos conocedores de que dicho abono obedecía a intereses propios de Dimas Martín" y no a servicio alguno prestado para las instituciones.
Tal como sostenía la Fiscalía en su escrito de acusación, la Audiencia considera probado que lo que sí realizó Batllori fueron gestiones privadas para Dimas Martín, "para la consecución del tercer grado penitenciario".
Segunda condena de Unión
Aunque éste fue el primer juicio del caso Unión, en realidad es la segunda sentencia condenatoria dentro de esta causa.La primera se dictó el pasado mes de diciembre, contra José Francisco Reyes. En aquel caso no llegó siquiera a celebrarse juicio porque el ex alcalde de Yaiza, que era el único acusado en esa pieza, mostró su conformidad con el escrito del fiscal y aceptó una condena de seis meses de prisión y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, al conceder licencias ilegales para la construcción del chalet de Carlos Morales y Alexia de Grecia.
