El Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife ha condenado al secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y al aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco Cabrera, por un delito continuado de prevaricación urbanística. La sentencia impone a cada uno una pena de cuatro meses de prisión y otra de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y un mes, así como al pago de las costas del procedimiento.
La sentencia considera probado que los dos técnicos, en al menos dos expedientes, informaron favorablemente a la concesión de licencias para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico, "a sabiendas de que incumplían manifiestamente con el procedimiento administrativo establecido por el ordenamiento urbanístico vigente".
Una de ellas fue concedida en 1999 a Tomás Negrín González, para construir una vivienda unifamiliar en la calle La Vista de Femés. La otra, a Jorge Facundo Reyes Rodríguez, hermano del ex alcalde, José Francisco Reyes, para realizar una vivienda unifamiliar en la plaza San Marcial de Femés. Además, se investigaba una tercera, aunque en este caso la sentencia sostiene queno se ha podido llegar a la conclusión "de manera indubitada" de que los acusados emitieran informes "injustos" en relación a ese expediente.
En cuanto a las otras dos, el juez considera que no hay dudas. Incluso, en una de ellas, la sentencia subraya que Vicente Bartolomé Fuentes emitió el informe favorable al día siguiente de que la solicitud entrara en el Ayuntamiento. Y lo hizo pese a que en la solicitud que consta en el expediente no hay "indicio alguno para ubicar geográficamente de manera concreta la vivienda que se pretende construir", ya que "tan sólo se indica que la finca está situada en "Femés s/n".
Rebaja por dilaciones
En cuanto a las penas impuestas, aunque el fiscal pedía dos años de cárcel y diez de inhabilitación para cada acusado, el juez ha decidido rebajarlas significativamente atendiendo a las "dilaciones indebidas" que ha sufrido el proceso, que se inició contra los acusados en 2004. Entre los motivos del retraso que ha sufrido la causa, la sentencia señala que, entre otras cosas, "el procedimiento se demoró por no haberse aportado a la causa determinada documental requerida al Ayuntamiento de Yaiza", aunque agrega que "no ha quedado acreditada la concreta participación de los acusados en dicha demora".
La denuncia que dio lugar a esta causa fue formulada en el año 2000 por el Seprona, al constatar que se estaban construyendo viviendas en suelo calificado como rústico. Inicialmente, en este procedimiento estuvo también imputado el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, así como dos de sus hermanos y varios arquitectos, aunque finalmente se archivaron las actuaciones contra ellos.
Informes meramente "ilustrativos"
Durante el juicio, tanto Bartolomé como Carrasco defendieron su actuación alegando que si no advirtieron de la necesidad de pedir informes de compatibilidad tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias, al tratarse de suelo rústico, fue por desconocimiento y porque advertir de esos requisitos no entraba en sus funciones. Incluso, el secretario, defendido en el juicio por Felipe Fernández Camero, llegó a afirmar que sus informes "carecían de toda relevancia jurídica" y que él los elaboró a título meramente "ilustrativo", ya que no existían en el Ayuntamiento funcionarios especializados en materia urbanística ni unidad urbanística administrativa.
Sin embargo, el juez considera que ese argumento no sólo no es creíble, sino que choca con la declaración que el propio Bartolomé Fuentes realizó en el Juzgado durante la instrucción de la causa. "Este juzgador no tiene ninguna duda de que los informes emitidos por dicho acusado fueron elaborados con la pretensión de surtir plenos efectos jurídicos", sostiene la sentencia.
Además, recuerda la declaración del ex alcalde, que en su momento testificó como imputado en relación a la licencia concedida a favor de su hermano, que entendía que no eran necesarios otros dictámenes al tener "un informe favorable del jurista y del técnico". Según el juez, una afirmación que pone de manifiesto "el carácter jurídico y no meramente ilustrativo de los informes del secretario municipal de Yaiza".
Otras causas pendientes
Aunque aún cabe recurso contra esta sentencia, el fallo ordena también que se dé traslado de la sentencia al Ayuntamiento de Yaiza y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, "a los efectos administrativos que pudieran corresponder".
Ambos técnicos continúan trabajando para el Consistorio y ésta es su primera condena, aunque los dos tienen otros procesos penales pendientes, incluyendo uno que ya fue juzgado, y en el que se sentaron en el banquillo junto al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y está pendiente de sentencia. En aquel juicio, celebrado el pasado mes de junio, el fiscal pidió ocho años de inhabilitación para Vicente Bartolomé por un presunto delito de prevaricación, mientras que para Pablo Carrasco solicitó cinco años de inhabilitación y cuatro de cárcel, al sumar también un presunto delito de falsedad documental en la concesión de una licencia.
Además, tanto Bartolomé Fuentes como Carrasco están imputados también en la mayor causa abierta contra el ex alcalde de Yaiza, por la existencia de una presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, fundamentalmente hoteleras y turísticas. Ese proceso, que acaba de crecer con nuevos imputados, todavía está en fase de instrucción.
