La Audiencia Provincial ha condenado a un año y ocho meses de prisión al empresario Pablo Betancor Betancor por un delito de estafa, así como a devolver 58.000 euros a tres miembros de una misma familia y a pagar una multa de 1.680 euros. En su sentencia, la Audiencia considera probado que Betancor convenció a un conocido, que era cliente de su asesoría, para que invirtiera en su empresa sus ahorros, los de su hermana y los de su madre. En total, 80.000 euros, de los que más de seis años después sólo han conseguido recuperar 22.000.
Según el contrato que firmaron en 2008 por un plazo de dos años, esta familia recibiría el 25 por ciento de los beneficios Gumbusters Canarias, S.L, a cambio de la entrega de 80.000 euros a modo de préstamo. Sin embargo, tal como se acreditó durante el juicio, lo cierto es que esta empresa no tenía realmente actividad desde al menos tres años antes. Además, en contra del acuerdo que habían alcanzado, el dinero que entregaron tampoco se destinó a la empresa, y ni siquiera consta "dónde fue a parar".
"El acusado no invirtió dicha cantidad en la sociedad Gumbusters, SL, la cual ha permanecido sin actividad hasta la actualidad, sin posibilidad, por tanto, de cumplir los términos del citado contrato", señala la sentencia.
La empresa, de la que era apoderado y administrador Pablo Betancor, tenía por objeto principal "la limpieza, especialmente, de chicles, además de la compraventa, arrendamiento y administración de inmuebles y la realización de actividades de tipo turístico", aunque prácticamente no consta que haya tenido actividad tampoco en años anteriores a 2005.
"Confiaban" en él y le habían "visto en la tele"
Aunque la Fiscalía pedía una condena por apropiación indebida, la Audiencia Provincial ha dado por buenas las tesis de la acusación particular, que consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito de estafa, entre otras cosas porque medió un "engaño".
Según la sentencia, el acusado, "aprovechando las buenas relaciones" que mantenía con el denunciante, "le ocultó la verdadera situación de la empresa Gumbusters, SL, ofreciendo abonarle a aquél y a sus familiares (madre y hermana) unas cantidades superiores a la rentabilidad que los mismos podrían obtener depositando sus ahorros en una entidad bancaria". Además, "le dijo que con el dinero entregado iba a adquirir maquinaria para la empresa y que, en el momento de la firma del contrato, estaba realizando trabajos en varios lugares, lo que era falso".
Además, la Audiencia subraya que los tres denunciantes "carecían de experiencia en el ámbito empresarial, así como de estudios superiores, por lo que su confianza en el acusado era plena". Durante la vista, los tres señalaron que "conocían al acusado porque lo habían visto en televisión publicitando su empresa".
En la misma línea, la sentencia insiste en que Betancor "había asesorado en varias ocasiones anteriores" a una de las víctimas, "sin que hubiera habido entre ellos problema alguno". "Todo ello determinó que confiaran en él y que no consideraran necesario indagar sobre la situación real de la empresa Gumbusters, SL, presumiendo la lealtad contractual del acusado", insiste la Audiencia. De hecho, fue el propio denunciante quien pidió consejo a Betancor para que le asesorara sobre dónde le convenía invertir sus ahorros y los de su familia, y éste le convenció para que los depositara en su propia empresa.
Desde entonces, los denunciantes sólo han conseguido recuperar 22.000 euros del dinero que prestaron. "Ello no era sino la forma de mantener el engaño, de conferir una apariencia de que realmente se iba a cumplir con lo pactado. Es más, los perjudicados manifestaron en el juicio oral que, salvo los dos primeros pagos, el resto fue efectuado por el acusado tras la insistencia de aquéllos, que llegaron a acudir personalmente a las oficinas del acusado para requerirle", sostiene la sentencia.
Sin contabilidad, ni facturas ni recuerdos
Durante el juicio, Pablo Betancor llegó a afirmar que "no recordaba" si entre los años 2005 y 2008 se llevó a cabo algún trabajo por la entidad Gumbusters. Algo que "resulta ilógico" para el Tribunal, ya que era apoderado y administrador de la empresa, que era de carácter familiar. Además, tampoco aportó documentación sobre trabajos o facturas. Ni siquiera la contabilidad de la empresa.
El único trabajo que pudo acreditar fue uno llevado a cabo en el año 2005 en el aeropuerto de Lanzarote, tres años antes de firmar el contrato con los denunciantes. El resto de la documentación que aportó en el juicio, se limitaba a un presupuesto que presentó al Ayuntamiento de Agüimes y varios correos electrónicos remitidos a distintas administraciones, pidiéndoles que certificaran que habían recibido presupuestos de la empresa y visitas del acusado, pero ninguno de esos mails tiene respuesta.
"El acusado no pudo dar en el juicio oral una explicación razonable a su forma de actuar. Su declaración fue ambigua, con respuestas evasivas, no recordando, como ya hemos apuntado, datos esenciales de la actividad de su propia empresa", insiste la Audiencia.
Además, subraya las "contradicciones" del acusado durante la vista. "A preguntas del Ministerio Fiscal (se negó a responder a las preguntas de la acusación particular), señaló que los 80.000 euros los empleó en pagar deudas anteriores de la empresa, así como en abonar el canon correspondiente a la concesionaria, maquinaria, productos químicos y salario de los empleados. Sin embargo, no aportó factura alguna sobre estos extremos, señalando, de forma ciertamente evasiva, que las facturas debían estar reseñadas en la contabilidad de la empresa, la cual no se ha aportado a la causa y que, según lo expuesto, no fue presentada en el Registro Mercantil desde el año 2001".
Respecto a los trabajadores a los que supuestamente pagó con parte de los 80.000 euros, el propio acusado reconoció después que la empresa "no tenía empleados fijos en plantilla, sino que se contrataban en función de los trabajos que se concertaban". Cuando la fiscal puso de relieve esta contradicción, ya que no había ningún trabajo acreditado desde 2005, y por tanto difícilmente podría haber contratado trabajadores de forma puntual, Betancor añadió que "había deficiencias económicas y que por eso solicitó ayuda económica, de forma que con el dinero procedente de otra actividad se pagaba a los empleados, y, por tanto, a los trabajadores ya se les había pagado". "Es decir", concluye la Audiencia, "que el dinero entregado, pese a lo manifestado inicialmente, no se destinó al abono de los salarios. Otra contradicción más del acusado".
En cuanto al otro documento aportado por la defensa, un"dosier de fotos de antes y después de los trabajos realizados, así como listado de datos de interés de todos los Ayuntamientos de Canarias elaborados por Gumbusters Canarias, S.L", la Audiencia considera que es "irrelevante". Por un lado, porque "son meras fotografías que no acreditan nada por sí mismas y, por otro, un listado de Ayuntamientos que se puede obtener fácilmente en internet". Además, considera "ilógico que el acusado aporte a la causa toda esta documentación y no haga lo mismo con las facturas de los trabajos realizados, seguros sociales de los empleados, deudas contraídas, etc, la cual estaba a su disposición como apoderado y administrador de hecho de la entidad Gumbusters".
