Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se han unido en un comunicado para criticar la decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ha concedido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva a las prospecciones previstas por Repsol en aguas del archipiélago canario.
"Resulta chocante que esta decisión tan impopular se tome justo ahora, una vez pasadas las elecciones al Parlamento Europeo", sostienen las ONG. Además, agregan que "resulta aún más injustificable el hecho de que no se haya esperado a la próxima sentencia del Tribunal Supremo, que previsiblemente se iba a pronunciar sobre el recurso presentado por las administraciones canarias en menos de dos semanas.
Concretamente, la Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo había fijado para el 10 de junio la votación y fallo de los siete recursos interpuesto por Administraciones públicas Canarias, así como organizaciones ecologistas y movimientos sociales, contra las autorizaciones del Gobierno de España a las multinacionales Repsol, RWE y Woodside para realizar perforaciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
"Una forma de presionar al Tribunal Supremo"
Las organizaciones ecologistas denuncian además que el Estudio de Impacto Ambiental "ha estado lleno de irregularidades y que ni siquiera se había concluido, ya que había documentos que aún estaban sometidos a información pública". Por eso denuncian, que "las prisas por sacar ahora la DIA puedan ser una forma de presionar al Supremo sobre el sentido de su decisión".
Por otro lado, subrayan que "las prisas para aprobar estas prospecciones contrastan llamativamente con el retraso que ha sufrido la declaración de la zona de la Red Natura 2000 que linda con los terrenos a prospectar, que ha sido manifiestamente demorada en su tramitación a pesar de sus grandes valores ambientales, mientras que se aprobaban el resto de zonas marinas".
También es "obvio", en opinión de estos colectivos, "que esta decisión ministerial se toma en contra de la mayor parte de la población de las Islas Canarias, que se ha mostrado contundente y clara en su oposición firme a estas explotaciones que, lejos de suponerles beneficios, serán un estigma y una espada de Damocles sobre su principal actividad económica, el turismo".
Así, además de mostrar su "rotundo rechazo" a esta declaración de impacto ambiental, las organizaciones ambientales afirman que "tratarán de impedir por todos los medios legales posibles la realización de las prospecciones, recurriendo a todas las instancias europeas y estatales".
