Los Centros obtienen un “sobresaliente” en la autoevaluación de su Portal de Transparencia

Benjamín Perdomo: “Es importante saber que hemos mejorado nuestros ratios con respecto al pasado año para cumplir con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía de nuestra gestión de la empresa pública”

24 de julio de 2020 (19:18 CET)
Benjamín Perdomo, consejero delegado de los Centros
Benjamín Perdomo, consejero delegado de los Centros

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo han obtenido un 9,8 en el resultado de la autoevaluación de su Portal de Transparencia, un ejercicio interno que sirve para valorar, medir y cuantificar el grado de transparencia de la actividad pública de la Entidad a lo largo del 2019, atendiendo tanto a los criterios del Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias (IT Canarias) como a los de la Ley Estatal de Transparencia de la Actividad Pública. Es importante destacar que la nota final de la evaluación del año 2018 fue de un 5,30 tras las revisiones y correcciones realizadas, según recoge el Informe anual de evaluación del cumplimiento de la Ley 12/2014 de Transparencia de Canarias, elaborado por este comisionado. “Es importante saber que estamos en el camino correcto, que hemos mejorado nuestros ratios de transparencia con respecto al pasado año para cumplir con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía de nuestra gestión de la empresa pública” explica el consejero delegado de la Entidad, Benjamín Perdomo.

 

El Portal de Transparencia de los Centros de Arte, Cultura y Turismo está alojado en la web corporativa de la Entidad.​ Rediseñado y articulado en torno a 18 ejes, proporciona información clara y detallada sobre distintos campos de actuación de los Centros como el Empleo en el sector público, Contratos, Obras públicas, Patrimonio, Estadísticas y Retribuciones, entre otros.

 

¿Por qué un Portal de Transparencia?

 

La transparencia se ha convertido en un indicador fundamental para valorar la calidad de los servicios que prestan las instituciones y en una herramienta necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y tener una verdadera intervención participativa. Ofrece la oportunidad de fiscalizar las acciones de quienes administran recursos públicos por lo que se convierte en un vector que fortalece la confianza entre administraciones y administrados.

 

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