Alternativa Ciudadana ha cargado este lunes contra el grupo de gobierno del Cabildo, que en el Debate sobre el Estado de la Isla celebrado la pasada semana rechazó crear una comisión de investigación sobre el alcance del caso Enredadera en Lanzarote, en el que está imputado el portavoz de CC en la Corporación, Sergio Machín.
"El PIL y el PP con su abstención, y el grupo de Gobierno del PSOE y CC con su voto en contra, quedaron retratados en su actitud con respecto a la corrupción y lo cómodos que se encuentran conviviendo y auspiciando esta", critican desde AC. Además, el partido asambleario subraya que "sorprende especialmente la postura del Partido Socialista, que ha pedido, a través de su portavoz en el Cabildo de Gran Canaria, Carolina Darias, una Comisión en dicha isla, idéntica a la que solicita Alternativa Ciudadana" para Lanzarote. "Este hecho demuestra una vez más el doble rasero del PSOE respecto a la corrupción", lamentan desde AC.
Con su inicativa, el partido pretendía que se "arrojara luz" sobre las implicaciones del Cabildo Insular en el nuevo caso de corrupción abierto por la juez de Sevilla Mercedes Alaya, y que "se dilucidaran internamente las relaciones entre cargos públicos insulares y la trama corrupta, para poder exigir responsabilidades y salvaguardar el nombre de la isla, así como la imagen de la Corporación que, una vez más, se ha visto sacudida por escándalos que han dado la vuelta a los medios de comunicación estatales".
"Tics dictatoriales"
Además de esta propuesta, AC presentó otras ocho resoluciones en ese Pleno extraordinario, aunque lamenta que dos de ellas ni siquiera llegaron a debatirse. "Fueron hurtadas del debate y la votación del Pleno, haciendo uso el presidente, Pedro San Ginés, de sus antidemocráticas prerrogativas, que acompañan sus tics dictatoriales", denuncian desde el partido.
Además, explican que también fue rechazada "la propuesta de que el PIOL se hiciera llegar a todos los grupos políticos y que se realizaran reuniones vecinales con la ciudadanía de toda la isla explicando y recogiendo sus opiniones, las cuales deberían ser transmitidas a todos los grupos para su toma en consideración".
Tampoco se aceptó que el Cabildo "dejara de publicitar marcas o participar en actos relacionados con empresas que se encuentran enmarcadas en vicisitudes judiciales de gran calibre y cuya existencia pervierte la competencia y ensucia la imagen de una institución que debería ser neutral".
San Ginés se niega a debatir sobre sus responsabilidades
Además, AC critica que el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, "usando sus prerrogativas y en una muestra de nulo talante democrático, retiró del debate la resolución que le instaba a que asumiera patrimonialmente un posible fallo judicial en contra de los intereses del Cabildo en el caso de la incautación de la desaladora Montaña Roja, de la cual fue máximo valedor y ahora las consecuencias pueden recaer sobre todos los ciudadanos de Lanzarote".
La otra resolución que ni siquiera pudo ser debatida, según AC, "trataba sobre la necesidad de que, en un ejercicio de transparencia, todos los representantes políticos, incluida la oposición, tuviera representación el Consejo de Gobierno Insular, donde se toman una gran parte de las decisiones de la institución, y cuya asistencia es exclusiva para los partidos del grupo de gobierno".
En su intervención, la consejera de AC Marí Paz Cabrera sí logró que se aprobaran resoluciones para encargar un estudio sobre el Saborea Lanzarote y su efecto sobre los productos del sector primario en Lanzarote; reabrir y darle utilidad a la Mesa Insular por la Sanidad como mecanismo para el mantenimiento de la Sanidad Pública; y poner en la web institucional, así como de forma física, las actas de los Consejos Insular de Gobierno.
