La decisión del consejero delegado de los CACT´s, Carlos Espino, de cesar por escrito al director gerente y dos directivos más de los centros ha sido calificado como "un nuevo y grave despropósito en los CACT´s" por el consejero nacionalista Pedro San Ginés que considera que se ha hecho "saltándose los estatutos y sin tener las competencias para ello ya que estas le corresponden al Consejo tal y como fue reprobado por la totalidad de sus miembros con la única excepción del representante sindical", ha dicho.
"El propio consejero de los CACT admitía que su decisión fue adoptada de manera colegiada por el grupo de gobierno, presidido por Manuela Armas, que además de ser la presidenta del Pleno, como máximo órgano de gobierno de la EPEL-CACT, también lo es de su Consejo de Administración", alega el propio San Ginés. Una circunstancia que según relata "fue reprobada por la práctica totalidad de los miembros del Consejo por contravenir los estatutos sin contar con su participación. Es decir, que la toma de decisiones previa al Consejo fue reprobada de manera expresa por CC, PNL, PP, el representante de los ayuntamientos de Yaiza, Tinajo y Haría, el representante del sector turístico y la Fundación Cesar Manrique", ha expresado San Ginés, sin que el representante sindical se pronunciara al respecto.
Los nacionalistas creen que el director gerente cesado, José Juan Lorenzo, ha defendido una gestión de tres años y medio que "ha sido reconocida y alabada por todo el sector" y hacen hincapié en los dos hechos que preocupan a Coalición Canaria y a los que Lorenzo advirtió al Consejo en su intervención: en primer lugar, sus "dudas fundadas de falta de coherencia con el objetivo expresado" por el actual consejero cuando eliminó la Obra Social de los CACT aduciendo que esta era una competencia del Cabildo. Algo por lo que entienden que el grupo de Gobierno pudiera estar manteniendo esa Obra Social para hacer política de espaldas al Consejo y a los sindicatos que habían pedido su eliminación. Y en segundo lugar, expresó su temor de que se pretenda dejar sin contenido, es decir sin cubrir, la figura de uno de los órganos de dirección y gobierno estatutariamente contemplados como es la del Director Gerente.
En ese sentido, desde CC entienden que hay una "falta total de motivación para los despidos, más allá de una pérdida de confianza cuyas razones en ningún momento se explicaron y que por tanto fue una decisión política adoptada en el seno del Grupo de Gobierno como reconoció el Consejero de los CACT", alegan. Por ello, los nacionalistas quieren recordar que la EPEL es la consecuencia de un acuerdo entre todos los sindicatos de los distintos departamentos del Cabildo, de los CACT, y de INALSA, con el grupo de gobierno.
Según explican desde Coalición Canaria en nota de prensa este acuerdo "consistió en someterse a lo que determinara el denominado 'Informe Viéitez', que igualmente fue aprobado por el Pleno del Cabildo, y que estableció de manera inequívoca y expresa la exigencia de crear una gerencia profesionalizada e independiente en sus funciones y blindada de injerencias políticas en su quehacer diario, además de exigir un nivel especial de cualificación académica y/o profesional a los directores de cada centro".
En definitiva, según esgrime CC en el comunicado "el Sr. Viéitez planteó y todos así lo aprobamos, incluido el PSOE cuando la consultora Tea-Cegos desarrolló casi dos años después aquellos objetivos, que los puestos directivos no fueran cargos de confianza sino profesionales contratados mediante oferta pública, y es por eso que optaron a unos puestos de los que hoy se les cesa sin dar ningún motivo profesional. Algo que han exigido "deberá explicar la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, en el próximo Pleno".
