ACN
--Los grupos quieren cerrar la propuesta de la Ponencia el próximo viernes, pese a divergir en la Agencia Tributaria, introduciendo una disposición que garantice la adición de competencias que logren otras autonomías, a propuesta del PP
-- La ausencia de tensión y la satisfacción común apaciguan los ánimos cripados de PSC y CC, si bien los socialistas advierten que nuevas acusaciones de Rivero pueden recrudecer el conflicto aún latente
-- CC propone una cláusula de garantía para que las Cortes consulten al Parlamento en caso de modificaciones sustanciales en su tramitación
Los portavoces de los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) coincidieron este viernes en destacar los avances producidos durante la sesión de esta mañana de la Ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, al haber acercado posturas en torno a los principales puntos que dividen, fundamentalmente, a socialistas y nacionalistas.
La actitud de los miembros de CC en el órgano al inicio de la reunión fue calificada de "defensiva" o de "expectativa", según los puntos de vista de Francisco Hernández Spínola (PSC) y de Jorge Rodríguez (PP), pero derivó en una reunión "sin tensión ninguna" y en el compromiso de unos y otros de estudiar las diferentes propuestas puestas sobre la mesa para cerrar definitivamente el informe el próximo viernes, cuando se votará. Los "flecos" que puedan quedar, se desenredarán a lo largo del trámite parlamentario, convinieron.
Los tres portavoces manifestaron su intención al respecto, si bien es cierto que es la segunda vez que lo hacen y que tras la primera, la Ponencia se vio sometida a un bloqueo de más de un mes, la reforma se trasladó al ámbito político nacional y, por último, se desencadenó un conflicto entre los "colaboradores" del Gobierno, con amenaza de ruptura incluida.
La postura socialista respecto a este último punto no ha quedado, no obstante, descartada tras la reunión, sino difuminada, ya que, según explicó Spínola al término de la reunión, la posibilidad de que el líder de los nacionalistas canarios, Paulino Rivero, arremeta de nuevo contra ellos por su posición en el asunto está abierta y seguiría suponiendo un riesgo para el apoyo parlamentario que le prestan al Gobierno en minoría.
En lo que se refiere a la reunión en sí, los nacionalistas reconocieron los avances producidos al haber modificado los socialistas su propuesta del 22 de diciembre -que motivó el cruce de acusaciones- en cuanto a la transferencia y no delegación de competencias exclusivas del Estado, la vuelta al texto pactado sobre la definición de las aguas interinsulares y la vinculación del informe del Parlamento a cualquier modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) que quiera hacer el Estado, la cooperación de Canarias en determinados aspectos relacionados con el Comercio Exterior con África, así como en Sanidad Exterior, aunque este punto sólo fue mencionado por el portavoz nacionalista, José Miguel González.
Agencia tributaria
La "discrepancia seria" que aún queda por resolver, según González, es la relativa a la política tributaria, ya que considera "poco racional" la última oferta socialista que, según su interpretación, prevé la co-existencia de tres agencias tributarias: la estatal, la canaria y la consorciada. Esta posibilidad está muy lejos de lo pretendido por CC, que aboga por que haya un solo órgano recaudador que gestione todos los tributos, aunque sin la pretensión de quedarse con la recaudación del Estado, aseguró el portavoz. Spínola también reconoció que en este concepto, la postura de nacionalistas y socialistas es "radicalmente diferente", pero su exposición de los hechos es diferente.
Ellos exigen la conservación de la Agencia Tributaria Estatal "porque garantiza la solidaridad entre territorios" y abren la posibilidad a la creación de una consorciada para gestionar aquellos impuestos que se pacten, a posteriori, entre los Gobiernos central y autonómico. La creación, además, de la canaria sería "una decisión del Parlamento regional", no una imposición del Estatuto, explicó. El portavoz socialista aseguró, en contra de lo dicho por González, que CC "pretende que haya una sola agencia, a través de la que Canarias gestione y recaude todos los impuestos, incluidos los estatales", lo que "ni lo apoyamos ni lo apoyaremos". La postura del PP en esta materia es dar vía libre a la creación del consorcio para la cooperación entre las agencias estatal y canaria, sin entrar en detalles sobre el contenido o la naturaleza del mismo.
Comercio exterior con África
Sobre la nueva oferta referida a Comercio Exterior, González adelantó que le parece "aceptable" a la espera de que se concreten las funciones sobre las que el PSC propone la cooperación de la Comunidad Autónoma, que fueron desarrolladas por el diputado socialista Santiago Pérez.
Éstas serían las que ya se incluyen en los aspectos económicos del REF, como promoción comercial, fomento de sociedades empresariales conjuntas, formación de operadores y la capacidad de proponer medidas de comercio entre España y África.
Dar "rango estatutario" y por tanto constitucional a esta forma de cooperación en una competencia exclusiva del Estado supone para los socialistas un gran avance, ya que en la práctica supondría la involucración de Canarias en la política exterior española.
Dos garantías
La reunión también recibió dos propuestas de inclusión nuevas. La primera, del Grupo Popular, pretende introducir una disposición adicional que garantice que Canarias no tenga un marco competencial inferior al techo que pueda alcanzar otra comunidad autónoma.
Este proceso de actualización permanente implicaría la concesión de las competencias que se le den a otras automonías también a Canarias, lo que, en parte persigue, según su defensor, Jorge Rodríguez, liberar el proceso canario de su actual vinculación al catalán. Santiago Pérez explicó que también están de acuerdo con este punto, si bien abogó por matizarlo reduciendo el ámbito a "aquéllas que convengan a las necesidades del Archipiélago en función de nuestras peculiaridades".
Los tres portavoces declararon su intención de lograr con el nuevo estatuto el máximo nivel de autogobierno, dentro de los límites constitucionales.
La segunda de las propuestas de adición presentadas fue la hecha por CC, que pretende introducir en la Proposición de Ley a las Cortes una cláusula de garantía que obligue a las cámaras nacionales a devolver a la regional el texto si, durante su tramitación, fuera objeto de modificaciones sustanciales. El listado de artículos o materias "intocables" que serían considerados como tales se concretará en la próxima reunión.
El objetivo es que sea el Parlamento de Canarias el que decida si acepta continuar la tramitación de la reforma en el caso de que el Congreso o el Senado pretendieran modificar estas materias. Para Pérez, esta condición es muestra de la desconfianza injustificada de CC hacia el Gobierno del Estado y se mostró confiado de que, toda vez que la aceptan, haga desistir a los nacionalistas de su demanda de que los órganos nacionales del PSOE den su garantía de que respetarán el texto emanado desde la Cámara regional.
"Esperamos que la inclusión de esta cláusula acabe con la cantaleta, que no es otra cosa que otra maniobra dilatoria más", dijo. Pese a que explicó que fue así como González lo había expuesto en la Ponencia, éste dio a entender mediante un ejemplo, pero contundentemente, que exigirán ambas garantías, lo que, a juicio de Pérez es "incomprensible, ya que supone que una formación nacionalista requiera el visto bueno estatal para ejercer su autonomía parlamentaria". En esta línea, confirmó que no hay previstas más reuniones sobre la reforma del estatuto entre miembros de su partido a nivel federal y los líderes nacionalistas.
Cuenta atrás a 2007
Los socialistas siguen insistiendo en su tesis de que CC quiere dilatar el proceso, de tal forma que la reforma no esté lista antes de las próximas elecciones autonómicas, en mayo de 2007, justo como ellos pretenden, para que se lleven a cabo a través del nuevo sistema electoral que incluiría, según pactaron con los populares. "Ya lo adelantó (José Miguel) Ruano -consejero regional de Presidencia y Justicia, - al advertir que la legislatura nacional dura hasta 2008".
Por ello, la "línea de acercamiento" establecida hoy y la "posición flexible" de los socialistas, han puesto a los nacionalistas las cosas "muy difíciles", según Spínola, ya que CC "tiene cero razones para oponerse y por lo tanto para seguir retrasando el proceso".
El portavoz socialista manifestó su intención de que el informe -que una vez emitido deberá pasar a informe del Consejo Consultivo de Canarias, con un plazo de un mes, y después entrar en ponencia legislativa parlamentaria- se debata y apruebe a finales de marzo en el Pleno y se remita a las Cortes en abril. De esta forma, habría menos de un año para que se estudiara en Este ámbito y entrara en vigor con el tiempo necesario para que la maquinaria electoral se adaptara al nuevo sistema. En todo ello confía el portavoz.
