El presidente del grupo parlamentario nacionalista canario, José Miguel Ruano, ha pedido al consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias la impugnación de la moción de censura en el Cabildo de El Hierro, por la que se proclamó presidente a Alpidio Armas, hasta entonces secretario general del PSC en la isla y que fue expulsado del partido por refrendar con el PP este acuerdo.
José Miguel Ruano mostró su preocupación por el control de la legalidad conforme a la legislación vigente en este caso y explicó que la actual Ley Orgánica del Régimen Electoral General especifica una serie de condiciones determinantes "que no se cumplen en el caso del Cabildo herreño. "Una vez que la Consejería de Presidencia y Justicia reciba la notificación del acuerdo, espero que el Gobierno tome las acciones oportunas de acuerdo con los informes necesarios".
En este sentido, el presidente del grupo parlamentario nacionalista canario manifestó que existe un informe elaborado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias que detalla cuáles son las irregularidades cometidas en la proclamación de Alpidio Armas como presidente del Cabildo de El Hierro, y que considera que es determinante a la hora de que la Consejería tome la decisión correspondiente.
Sin embargo, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, no ha aclarado si se impugnará la moción. "La hipotética impugnación tendrá que ver con la adecuación a la legalidad del acuerdo", ha respondido Hernández Spínola en el Parlamento de Canarias, según informa ACN Press.
Hernández Spínola señaló que el Gobierno "toma sus decisiones en esta materia en razón de los acuerdos notificados por las corporaciones locales". Así, "a día de hoy, ese acuerdo no ha entrado por el registro de la Consejería", ha añadido
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad recordó que su departamento "dispone de un plazo de 15 días hábiles para requerir al Cabildo de El Hierro en el caso de que considerase que el acuerdo no cumple con la legalidad" y anunció que su actuará con este acuerdo "exactamente igual que con el de cualquier otra administración autonómica".
