El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Ayuntamiento de Arrecife ha mostrado su "preocupación" por el devenir económico de la capital de la isla y así afirma que lo hizo saber tanto durante la celebración del último pleno extraordinario de la Corporación, donde se tomó conocimiento de la liquidación del presupuesto, como en la Comisión especial de Cuentas celebrada este lunes 27 de abril. Y es que, según la edil nacionalista María Teresa Lorenzo, "el Consistorio corre el riesgo de quedarse sin fondos del Estado tras no aprobar el obligado Plan Económico Financiero (PEF) de 2018 y 2019".
Desde CC señalan que la liquidación del presupuesto "es muy importante", porque "de ella se obtiene el remanente (sobrante) que se podría incorporar al presupuesto de 2020 para acometer las políticas que la normativa permita". "Un dinero que, dado el momento actual, se podría usar para atender las situaciones de emergencias causadas por el coronavirus", consideran los nacionalistas.
Sin embargo, según María Teresa Lorenzo, "la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 no cumple con la regla de sostenibilidad financiera establecida por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al igual que tampoco la cumplía en la liquidación de 2018, por lo que el Ayuntamiento estaba y está obligado por ley a aprobar no uno, sino dos Planes Económicos Financieros (PEF), cosa que el grupo de gobierno no ha hecho."
"Tanto la alcaldesa como la concejal de Hacienda saben que deberían haber aprobado un plan económico financiero porque incumplieron con la normativa de 2018, no decir que estaban esperando a la liquidación de 2019", subraya Lorenzo que advierte de las graves consecuencias de no haberlo hecho. Y es que, "al no atender la obligación de aprobar un PEF, el Estado puede retener los fondos que el Ayuntamiento tiene que recibir", añade.
Es más, según la edil de CC-PNC, "es posible que ya se estén reteniendo esos fondos porque es una de las medidas coercitivas que están establecidas por la ley orgánica para aquellos ayuntamientos que no aprueban el PEF cuyo plazo es de un mes desde que tienen conocimiento de que ha incumplido".
"Los incumplimientos del Ayuntamiento van más allá"
Por otra parte, María Teresa Lorenzo afirma que "los incumplimientos del Ayuntamiento de Arrecife van más allá". Con respecto a la Cuenta General de 2019, la edil asegura que el informe de Intervención refleja "que el Consistorio incumple con una serie de preceptos legales como es tener un correcto inventario de bienes y servicios que refleje la imagen fiel del patrimonio de la entidad".
"Se está incumpliendo una y otra vez con Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La liquidación no cumple la sostenibilidad financiera, un indicador de salud financiera. Se está incumpliendo el período medio de pago a proveedores establecido legalmente en 30 días, y que el Consistorio tiene en 180 días", afirma a concejal nacionalista.
"Este incumplimiento de la ley con respecto al período de pago es muy grave, en primer lugar, porque se está perjudicando a todos los profesionales, autónomos y empresas que presten servicios al Ayuntamiento. Y, en segundo lugar, porque no solamente se ven perjudicados quienes prestan servicios, ya que esa falta de liquidez repercute directamente en el empleo. Y cuando el Estado de Alarma se levante, esos empresarios que no han cobrado y que ahora han tenido que aplicar un ERTE, pueden acabar despidiendo a los trabajadores, precisamente porque el Consistorio no ha cumplido en tiempo y forma con los pagos", avisa Lorenzo.
"En este momento, y con la situación en la que nos ha puesto el Estado de Alarma, esto es algo que no se puede permitir el Ayuntamiento y tiene que pagar en el plazo legal y conforme a la normativa", apunta por su parte el portavoz municipal de CC-PNC, Echedey Eugenio.
Finalmente, CC afirma que "no hay que olvidar que estos hechos provocan que se cierre la puerta al uso de remanente en el ejercicio 2020". "Es decir, el remanente de tesorería que se pudiera incorporar no se podrá utilizar actualmente por no cumplir los requisitos establecidos por la ley orgánica 2/2012 de estabilidad y sostenibilidad financiera", apuntan los nacionalistas.
"El incumplimiento del período medio legal para el pago a proveedores impide al Ayuntamiento destinar el superávit de 2019 a inversiones financieras sostenibles ni a gasto social, aprobado recientemente como consecuencia del Estado de Alarma por motivo del Covid-2019", asegura María Teresa Lorenzo.
