El interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, tiene ya a sus espaldas un cuarto escrito de acusación, esta vez en los Juzgados de Fuerteventura. La causa tiene el mismo origen que el caso Montecarlo e investiga la presunta malversación de caudales en el Ayuntamiento de La Oliva, donde Sáenz también fue interventor. También está acusado el empresario José Vicente Montesinos, que junto a Sáenz es el principal imputado en el caso Montecarlo. Ahora, además de afrontar ya la primera acusación en Lanzarote en la pieza de San Bartolomé, los dos están acusados en el escrito de calificación que acaba de presentar la Fiscalía en la isla vecina.
En ese escrito, la fiscal Azuzena Oti Cabanelas pide para Carlos Sáenz entre 6 y 8 años de prisión por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación o de tráfico de influencias. Por la presunta malversación le pide 6 años de cárcel. En cuanto al segundo delito, deja la puerta abierta y reclama 10 años más de inhabilitación en caso de que se considere acreditada la prevaricación (en calidad de inductor) o 2 años más de prisión en caso de que se estime que incurrió en tráfico de influencias.
Esta petición de cárcel se suma a la otra que acaba de conocerse en el caso Montecarlo, por la pieza de San Bartolomé. Solo en esa pieza (hay otras tres que siguen abiertas y Sáenz está imputado en todas), el fiscal Ignacio Stampa le pide 12 años de cárcel por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad de documento público. Además, el interventor está acusado también en dos piezas del caso Unión. En una, cuyo juicio ya se celebró el pasado mes de diciembre y está pendiente de sentencia, le piden 6 años de cárcel. En la otra, a la espera de juicio, la Fiscalía reclama que sea condenado a 7 años y 6 meses de prisión.
Acusación contra un edil y sobreseimiento para González Arroyo
En cuanto a la instrucción que acaba de cerrarse en Fuerteventura, la fiscal ha formulado acusación contra tres personas: Sáenz, Montesinos y el que era concejal de Hacienda de La Oliva, Guillermo Morera Santana. Para Montesinos, pide seis años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.
En cuanto al ex concejal de Hacienda, la Fiscalía no le acusa de malversación, sino de prevaricación. Por eso, solicita para Guillermo Morera 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. En la causa también está imputado el histórico alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, aunque la fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él, "toda vez que no resulta suficientemente justificada la perpetración del delito".
Según el relato de la Fiscalía, la participación del que era concejal de Hacienda está relacionada con el inicio de los hechos, cuando el Ayuntamiento de La Oliva contrató a un empresa de Montesinos para encargarse de la recaudación de tributos en ese municipio. Concretamente, Guillermo Morera emitió una resolución en diciembre de 2005 por la que autorizaba que "Tributos La Oliva" se subrogara el servicio que hasta entonces venía prestando otra empresa. Y lo hizo, según la Fiscalía, influido por Carlos Sáenz, que habría utilizado "sus relaciones personales y profesionales" con el edil para conseguir que firmara esa resolución. El escrito de acusación sostiene que esa subrogación del servicio se hizo "ilegalmente" y "contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Contratos".
Sáenz "convenció" a Montesinos para ser dueño de la empresa
Además, la fiscal señala que la empresa Tributos La Oliva se creó justo antes de empezar a prestar este servicio en el municipio. Y quien impulsó su creación, según la Fiscalía, habría sido el propio Carlos Sáenz, que "logró convencer a José Vicente Montesinos" para ponerse al frente de esa empresa. Inicialmente, Montesinos era administrador único de la sociedad, mientras que como propietario aparecía otra persona. Sin embargo, la acusación considera que se trataba de "un hombre de confianza" que "realmente" no era el dueño. Dos años después, el propio José Vicente Montesinos pasó a figurar también como propietario, además de seguir siendo administrador único de la empresa.
Según la Fiscalía, desde el día en que Tributos La Oliva empezó a encargarse de la recaudación de impuestos del municipio, Carlos Sáenz "exigía regularmente distintas cantidades económicas" a Montesinos, "provenientes de fondos públicos dimanantes de la recaudación de impuestos". Así, sostiene que en lugar de entregar al Consistorio todo el dinero que recaudaba (ya que la empresa se encargaba directamente de gestionar los cobros, tanto en efectivo en la sede de la sociedad como mediante domiciliaciones bancarias), presuntamente destinaba una parte a entregar sumas económicas a Carlos Sáenz.
El escrito de acusación aclara que "las cantidades no han podido determinarse en su totalidad", ya que los pagos se hacían presuntamente en metálico. Sin embargo, sí hay pruebas documentales de algunas entregas de dinero. De hecho, en una cuenta bancaria de Carlos Sáenz, abierta en una oficina de Puerto del Rosario, consta un ingreso de 3.000 euros realizado por Montesinos.
Además, la fiscal señala que el empresario también "entregó" al interventor un coche en noviembre de 2007, perteneciente a Tributos La Oliva. El vehículo, un Volvo XC90, "fue utilizado por la ex mujer del acusado", según declaró el propio Sáenz en los Juzgados. Montesinos también pagó varios billetes de barco al interventor, computando incluso esos gastos en la contabilidad de la empresa.
