El Gobierno de Canarias firmará con el Ejecutivo estatal en los próximos días el convenio para la colaboración del Estatal en el traslado a la Península de menores inmigrantes acogidos en el Archipiélago, un acuerdo que es "absolutamente apremiante" ante la situación de saturación de los centros.
Así lo anunció este jueves la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, quien reconoció la "predisposición importante" mostrada ayer por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, en la reunión de más de tres horas mantenida entre ambas responsables para perfilar el documento que establecerá la colaboración en apoyo logístico y financiación para los traslados.
Rojas destacó que "por fin" ha advertido "camaradería, predisposición y responsabilidad" por parte del Ejecutivo central para afrontar esta situación, en la que remarcó la necesidad es "absolutamente apremiante" ante la saturación de los centros, que actualmente acogen a más de 1.500 menores.
La consejera pidió agilidad en la firma del acuerdo y esperó que pueda evitar situaciones como la instalación, anunciada hace unos días, de carpas en los patios de los centros de Tenerife y Gran Canaria para acoger a 56 menores por la situación desbordada de los centros de Lanzarote, a la que ahora se suman otros 15 posibles menores llegados en cayuco que arribó ayer a La Gomera.
Al margen de este acuerdo, Rojas insistió en la necesidad de sosegar esta situación para poder pueda avanzar en las acciones para la integración social de estos menores, que actualmente es "impensable" ante lo desbordados que están los centros.
Así, incidió en que la necesidad de avanzar para tener la "serenidad y tranquilidad suficientes" sobre la atención de estos jóvenes que permitan poder avanzar en las acciones y políticas para su integración social, el desarrollo de políticas en los países de origen o el ajuste normativo a esta problemática, porque si no "siempre estaremos parcheando".
Rojas no quiso adelantar si el acuerdo recoge cifras sobre el número de traslados o si fija un cupo máximo de menores a atender en el Archipiélago, ya que prefirió esperar a la firma y puesta en práctica, ante el "chasco" que recordó se llevó Canarias con el compromiso del Estado en la anterior legislatura de que el Archipiélago acogería a un número máximo de 300 menores.
En cualquier caso, indicó que estos acuerdos permitirán desahogar la situación en el Archipiélago e incluso avanzar en las políticas de acogimiento familiar de estos menores, que previó podrían ponerse en marcha en enero en el Archipiélago.
La consejera indicó que el Gobierno canario también ha alcanzado acuerdos con Baleares para el traslado de 45 menores, de los que 25 serán atendidos por ong's y el resto acogidos por familias senegalesas. Una fórmula en la que dijo se podría ir avanzando en otras comunidades autónomas, sí disponen de estas políticas de acogimiento familiar y para las que, reconoció, el acuerdo a firmar con el Estado "da más garantías".
En cuanto a la posible influencia que las advertencias de la UE a España sobre la situación de los menores ha tenido en la firma de este acuerdo, Rojas consideró que "todo ha influido" y afirmó que Canarias "no se ha quedado sola y ha levantado la voz", que ha sido escuchada en las instituciones europeas y por las Regiones Ultraperiféricas (RUP).
Al respecto, recordó que a petición del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, las RUP han incluido una mención a la problemática de los menores extranjeros en Canarias en sus documento final sobre la reunión celebrada estos días en Guayana.
Rojas dijo que Canarias "se ha convertido en la voz de estos niños de África" para que no se vuelvan a suceder hechos lamentables como la muerte de tres inmigrantes llegados ayer en un cayuco a La Gomera, en el que uno de los fallecidos era menor de edad.
No obstante, reconoció la predisposición expresada por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para afrontar la situación, pero recordó las peticiones del Gobierno canario para que "pasara de las palabras a los hechos".
También reconoció la intervención de la vicepresidenta del Gobierno estatal, María Teresa Fernández de la Vega, desde el verano en los trabajos con varios ministerios para crear una comisión de trabajo que diera respuesta a esta situación y consideró que con estos trabajos "por fin España reconoce que Canarias tiene una situación de emergencia y se lo han tomado relativamente en serio", afirmó.
ACN Press
