El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha reclamado este viernes al Estado un convenio específico de obras hidráulicas que permita afrontar las "necesidades muy serias" que tiene Lanzarote en materia de desalación y depuración, cuya financiación, ha advertido, no puede ser asumida únicamente por la comunidad autónoma y las instituciones insulares.
"Los problemas estructurales que tiene en materia de desalación y depuración son muy, muy serios", ha recalcado en el Parlamento de Canarias el consejero, quien ha advertido de que será "imposible" resolverlos económicamente con financiación exclusivamente autonómica e insular.
Por ello, ha reclamado al Gobierno central que materialice las iniciativas planteadas desde Canarias para que las grandes desaladoras y depuradoras sean consideradas obras de interés general y puedan financiarse con fondos estatales.
Miranda ha reclamado en particular un nuevo convenio de obras hidráulicas que vaya más allá de una aportación de 20 millones de euros y permita atender las necesidades estructurales de la isla, que, según ha señalado, ya están afectando a la calidad de vida de sus habitantes debido a los "continuos cortes de agua" que se producen "prácticamente a diario".
En su opinión, la situación de las infraestructuras hidráulicas de Lanzarote era "crítica" cuando el actual Gobierno autonómico comenzó su mandato en 2023 y ha reconocido que, pese a las actuaciones desarrolladas desde entonces, la isla continúa en emergencia hídrica.
Asimismo, el consejero ha recordado que una de las primeras decisiones adoptadas por el Ejecutivo autonómico fue trasladar a Lanzarote las plantas portátiles de producción de agua que habían sido utilizadas durante la crisis provocada por el volcán de La Palma, una medida que, aunque tardó un tiempo en entrar en funcionamiento, "permitió paliar la situación de estrés hídrico de la isla".
Entre los problemas detectados al inicio del mandato ha citado las dificultades en la gestión del sistema, la falta de planificación hidrológica y la necesidad de acometer importantes inversiones debido al deterioro y la obsolescencia de las infraestructuras.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno tuvo que impulsar la aprobación del Plan Hidrológico de Lanzarote, que quedó aprobado en los primeros meses de 2025 y permitió adaptar la planificación de la isla a las exigencias europeas.
Miranda ha destacado asimismo las inversiones destinadas a recuperar capacidad de producción de agua y ha citado la actuación sobre los bastidores de las instalaciones Lanzarote 3 y Lanzarote 4, uno de ellos con una capacidad aproximada de 10.000 metros cúbicos.
El consejero ha explicado que la situación también afecta a las infraestructuras de saneamiento y depuración. En La Graciosa, ha indicado que las obras para garantizar el abastecimiento de agua comenzarán próximamente, después de que hayan sido adjudicadas por algo más de tres millones de euros.
En materia de saneamiento, ha confiado en que durante el primer trimestre de 2027 pueda comenzar la ejecución de las obras en Caleta de Sebo, junto con la instalación de una nueva depuradora. También ha señalado la necesidad de renovar la depuradora de Playa Blanca, una actuación cuyo proyecto está siendo ultimado y que contará con financiación estatal. La inversión prevista se sitúa entre los 12 y los 14 millones de euros, según ha indicado.
Miranda ha insistido en que Lanzarote debe mantenerse en situación de emergencia para agilizar las actuaciones necesarias, después de que Fuerteventura y Tenerife hayan podido salir de esa declaración.
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