Por ACN
La "lacra social" de la violencia contra las mujeres sigue destacando en Canarias, que como en años anteriores lidera las estadísticas nacionales en el número de casos denunciados en proporción a la población, cifra que evidencia que el Archipiélago debe ser también líder en número de casos, aunque no se denuncien.
En los primeros seis meses de 2005, en Canarias se han presentado 3.796 denuncias por violencia de género, lo que supone que se presenten 5,58 denuncias de mujeres por cada mil mujeres habitantes, según los datos que aportó este martes en la capital grancanaria la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas. La segunda comunidad autónoma en esta clasificación, Baleares, está ya lejos de esta cifra, con 3,47 denuncias por mil habitantes. La última, Aragón, tiene 1,22 denuncias por mil habitantes.
Así, en estos seis primeros meses, se solicitaron en el Archipiélago 1.408 órdenes de protección, es decir, que se pidieron medidas en este sentido en un 39 por ciento del total de casos denunciados. En la provincia de Las Palmas, el 76 por ciento de peticiones de orden de protección se autorizaron, y en Santa Cruz de Tenerife el porcentaje fue del 74 por ciento.
Los datos del CGPJ muestran como 13 de cada cien mujeres que presentan una denuncia contra su pareja por violencia doméstica la retiran al cabo de un tiempo. En total, en Canarias se retiraron 481 denuncias en estos seis meses, de las que 334 fueron en Las Palmas y 147 en la provincia tinerfeña. En lo referente a la retirada de denuncias, se muestra como en los municipios más pequeños es más presente la retirada de las denuncias. Por ejemplo, por partidos judiciales, en Arucas se retiran el 35 por ciento de las denuncias interpuestas, cifra similar que se produce en El Hierro (33 por ciento) o en Icod de Los Vinos (30 por ciento).
De las 1.823 personas enjuiciadas en el primer semestre de 2005, en un 92 por ciento de los casos los acusados eran hombres y en un 8 por ciento mujeres. En el caso de los hombres enjuiciados, el 64 por ciento ha sido condenado. En el caso de las mujeres enjuiciadas, el 43 por ciento fue condenada.
Así lo desveló Montserrat Comas, quien adelantó en Las Palmas de Gran Canaria los datos que ofrecerá esta tarde en una conferencia en el Colegio de Abogados de Las Palmas en el marco de unas jornadas sobre la violencia doméstica.
Comas admitió que Canarias sigue siendo uno de los puntos de España con mayor problemática de violencia contra la mujer, pero destacó que el número de denuncias respecto al semestre anterior ha aumentado en un 7 por ciento, lo que al entender del CGPJ significa que "están aflorando casos de violencia que ya existían y no se denunciaban", gracias principalmente a la nueva Ley de medidas contra la violencia de género y a la protección que ofrece para las víctimas. "Las víctimas confían más en la respuesta de los poderes públicos".
En Canarias, donde han muerto 5 de las 55 mujeres asesinadas hasta el momento en 2005, la puesta en marcha el pasado 29 de junio de la Ley de Medidas Integrales ha superado, según Comas, dos grandes problemas que implicaban "un vía crucis" para las personas agredidas: la dispersión judicial y la descoordinación entre lo civil y lo penal. Con la nueva ley, recordó Comas, los juzgados específicos de violencia de género (hay uno en Las Palmas y otro en Tenerife) concentran en un solo juez todas las medidas alrededor de estas situaciones, y pueden dictar desde órdenes de alejamiento a gestionar posteriormente una separación o divorcio.
Para el presidente del TSJC, Antonio Castro, es evidente que la puesta en marcha de la ley ha generado "un efecto llamada" a las mujeres que hasta ahora no se atrevían a denunciar.
El incremento de las denuncias, sin embargo, no satisface aún al poder judicial, que considera que aún quedan muchos casos "encubiertos" de violencia contra la mujer. La muestra de ello, según concluyó Comas en su comparecencia ante los medios de comunicación, es que el 75 por ciento de las mujeres que han muerto este año por casos de violencia de género en España nunca había denunciado anteriormente a su agresor, ni a la policía ni a los juzgados.
Respecto a las cuestiones de constitucionalidad presentadas contra la ley, Comas mostró hoy su posición contraria a ellos, al decir que la ley no protege "a la mujer por ser mujer", sino que lo hace por darse el caso de que "se demuestra que en el marco de una relación sentimental vive sometida a una relación de dominio del poder y sumisión".
Comas defendió además que hay otros casos del ordenamiento penal en que hay agravantes en función de quien sea la víctima. Así, recordó que un crimen por racismo es un agravante en España cuando un blanco agrede a una persona negra, por ejemplo, de la misma manera que hay agravante si se agrede a un jefe de Estado o un ministro.
"No es la primera vez que el Código Penal trata de manera desigual a lo que en la sociedad ya es en estos momentos desigual", dijo Comas. Por último, la vocal del CGPJ, perteneciente al considerado grupo progresista, recordó que fruto del debate parlamentario se consensuó y que lo que harán los jueces con esta ley es aplicarla a las personas "en situación de vulnerabilidad". Así, no se habla exclusivamente de mujeres, sino que en estos casos se protege a la persona, sea hombre, mujer, mayor o menor de edad.
