Hace 19 días de la intervención judicial en el Ayuntamiento de Arrecife, 16 del registro en el Ayuntamiento de Yaiza y 9 de la última detención, pero Lanzarote sigue expectante por saber cuál va a ser el siguiente paso de la Operación "Unión". Una calma chicha parece reinar en el ambiente. La calma que precede a la tormenta o, según el origen de esta expresión, "la ausencia de viento que hacía desesperar a los marineros".
Desde el arresto del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que finalmente quedó en libertad con cargos el jueves de la pasada semana, no ha habido nuevas detenciones ni registros. Ni siquiera tomas de declaración que hayan trascendido.
Siete personas (Dimas Martín, Matías Curbelo, Segundo Rodríguez, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Fernando Becerra y Luis Lleó) continúan en prisión preventiva y once quedaron en libertad con cargos, a la espera de las nuevas decisiones del juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro. Además, al menos otras diez personas (entre las que se encuentran Elena Martín, Honorio Nicolás García Bravo y Vicente Bartolomé Fuentes, que fueron detenidos pero no llegaron a pasar a disposición judicial) también deben pasar aún por los Juzgados, después de haber sido imputadas por la Guardia Civil, ante quien ya declararon la pasada semana.
Sin embargo, hasta este jueves no habían sido citados por el magistrado. Una razón podría estar en la propia agenda, ya que tanto el juez como el fiscal asignados al caso han continuado esta semana con otros procesos, dado que ninguno ha sido liberado del resto de su trabajo. La otra, en el propio ritmo de la investigación, ya que no hay un plazo para que los imputados pasen a disposición judicial, y el magistrado podría considerar positivo esperar a conocer nuevos resultados del análisis de la documentación incautada antes de llevar a cabo los interrogatorios.
Eso, además de la lectura de las declaraciones prestadas por los imputados ante la Guardia Civil, podría haber hecho frenar la vorágine de los primeros días de esta operación, que también vinieron marcados por la necesidad de adoptar decisiones con los 20 primeros detenidos, ya que en ese caso sí había un plazo: el de las 72 horas que puede durar un arresto antes de pasar a disposición judicial.
Un "hasta luego"
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que han llevado a cabo esta investigación, abandonaron la isla la pasada semana. Sin embargo, eso no quiere decir, ni mucho menos, que su trabajo haya terminado y se hayan despedido de la isla.
Desde que se iniciaron los registros, decenas de cajas con documentación y discos duros de ordenadores de los Consistorios, las viviendas y los despachos registrados fueron trasladados a Madrid, donde la UCO tiene su base de operaciones. Desde entonces, allí se está llevando a cabo un exhaustivo análisis en busca de nuevos indicios de actividad delictiva.
"Vinieron sin que nadie se enterara, y nadie se enterará cuando vayan a volver", afirma una persona cercana a la causa. Y es que el factor "sorpresa" con el que se procedió en un principio, sigue teniendo vigencia. La discreción continúa siendo clave en esta operación, en la que las únicas filtraciones son las que llegan de los propios imputados y su entorno.
Además, mientras la investigación siga aportando nuevas pistas, el secreto de sumario también se mantendrá, y podría llegar a durar meses e incluso años, dependiendo de cómo evolucione la causa.
De momento, el caso no está cerrado y según dejó claro desde el principio la Unidad Central Operativa, no se descartan nuevas detenciones o imputaciones, porque la Operación "Unión" sigue abierta.
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