Política Territorial del Cabildo de Lanzarote informa que continúa con los trámites administrativos para acordar la paralización cautelar de las excursiones turísticas organizadas en vehículos tipo buggy, quads y safaris sobre suelo rústico de la isla, mientras se avanza en la regulación de esta actividad y se definen las condiciones para su posible desarrollo de forma compatible con la protección del territorio.
Esta actuación da continuidad al procedimiento impulsado por la Corporación insular a principios de octubre, cuando abrió una consulta pública previa para recabar la opinión de la ciudadanía, los ayuntamientos, los propietarios de suelo rústico, las organizaciones ecologistas, los clubes deportivos y los sectores profesionales afectados sobre la regulación del tránsito de vehículos motorizados en el medio natural. La iniciativa tenía como objetivo estudiar las herramientas jurídicas necesarias para establecer criterios comunes en toda la isla y limitar las afecciones derivadas de estas prácticas. La consulta ha registrado una gran participación y se han recibido multitud de alegaciones, en su gran mayoría en contra de estas prácticas.
Tras este primer paso, el Cabildo afirma que avanza ahora en los trámites para adoptar medidas drásticas fundamentadas en los informes técnicos y ambientales recabados por la Institución, así como en las solicitudes trasladadas por distintas administraciones y organismos competentes. Esta documentación advierte de los impactos que estas actividades generan sobre el paisaje, los ecosistemas, los caminos tradicionales y determinados elementos del patrimonio cultural de Lanzarote.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subraya la responsabilidad de la Institución insular de actuar para proteger los valores naturales y patrimoniales de la isla. “Lanzarote tiene un territorio limitado y especialmente frágil, y debemos actuar cuando existen informes que alertan de afecciones que pueden comprometer su conservación. Nuestra obligación es proteger el patrimonio natural y cultural de la isla y garantizar que las actividades que se desarrollen en ella respeten la normativa y sean compatibles con nuestros valores ambientales”, señala Betancort.
El presidente destaca que el objetivo es avanzar hacia una regulación que aporte seguridad jurídica y permita abordar esta problemática con criterios homogéneos en el conjunto insular.
“Estamos trabajando para dar una respuesta responsable, basada en criterios técnicos y jurídicos, ante una situación que requiere ordenar estas actividades. La protección de Lanzarote debe ser una prioridad y debemos contar con herramientas eficaces para garantizarla”, añade.
Por su parte, el consejero de Política Territorial y Ordenación del Territorio, Jesús Machín Tavío, explica que “contamos con informes de distintas áreas técnicas y organismos competentes que coinciden en señalar las afecciones que estas actividades pueden ocasionar sobre el territorio. Como Administración responsable de la ordenación y protección del suelo, debemos actuar con prudencia y responsabilidad para evitar que estos impactos sigan produciéndose”, afirma Machín.
Informes técnicos alertan de afecciones al suelo, el paisaje y la biodiversidad
Entre los impactos identificados en la documentación técnica figuran la compactación y erosión del suelo, la pérdida de tierra fértil, el levantamiento de polvo, las afecciones a cultivos y vegetación autóctona, las molestias a la fauna, la contaminación acústica, la aparición de nuevas rodadas y el deterioro de caminos e infraestructuras rurales. También se advierte de posibles afecciones a elementos del patrimonio arqueológico y etnográfico.
La ausencia de una red insular de recorridos específicamente autorizados para estas actividades ha favorecido la circulación de excursiones por caminos agrícolas, pistas tradicionales y espacios de valor ambiental, generando molestias a vecinos y agricultores, además de impactos sobre el entorno.
En consecuencia, la Institución se plantea adoptar medidas drásticas mientras continúa la elaboración del marco regulador que permita ordenar esta actividad. Entre las alternativas estudiadas por el Cabildo figura la elaboración de una Ordenanza Insular Provisional, prevista en la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, con el propósito de establecer criterios homogéneos para el suelo rústico mientras prosigue la tramitación del nuevo Plan Insular de Ordenación. Asimismo, se ha contemplado la posibilidad de establecer una red oficial de rutas a motor sometida a restricciones específicas.
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