El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado este martes en pleno la moción defendida por el consejero de Bienestar Animal, Armando Santana, para avanzar en la prevención del maltrato animal y garantizar que las personas que se encuentren legalmente inhabilitadas no puedan acceder a una licencia de caza mientras permanezca vigente dicha inhabilitación.
La iniciativa plantea reforzar los mecanismos de control vinculados a la concesión y renovación de las licencias de caza y promover los cambios normativos necesarios para que las condenas firmes por delitos de maltrato animal puedan tener consecuencias expresas sobre estas autorizaciones, siempre dentro del marco legal y respetando los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.
El consejero de Bienestar Animal, Armando Santana, ha defendido que esta iniciativa busca establecer una relación coherente entre la protección jurídica de los animales y los requisitos exigidos para ejercer una actividad que implica el contacto directo con animales y que, en determinadas modalidades, lleva aparejado el uso de armas de fuego.
“No se trata de establecer una sanción adicional ni de sustituir las decisiones judiciales, sino de garantizar que las inhabilitaciones firmes tengan un cumplimiento efectivo y que exista coherencia entre esas resoluciones y las autorizaciones administrativas vinculadas a la actividad cinegética”, señala Santana.
El consejero subraya además la voluntad del Cabildo de abordar esta cuestión desde el diálogo entre los distintos sectores implicados. “Queremos que esta iniciativa se construya desde el consenso y con la participación de las asociaciones animalistas, el sector de la caza, los cuerpos y servicios que intervienen en el control y los representantes políticos. El objetivo es mejorar el sistema y ofrecer mayores garantías jurídicas y de control”, añade.
Acuerdos adoptados
Entre los acuerdos aprobados figura la creación de una mesa de trabajo integrada por asociaciones animalistas, asociaciones de caza, los departamentos de Caza y Bienestar Animal del Cabildo, el SEPRONA y representantes de los grupos políticos con presencia en la Corporación, con el objetivo de elaborar una iniciativa legislativa conjunta para su traslado al Gobierno de Canarias.
Asimismo, el Cabildo establecerá como criterio de actuación que, durante la tramitación de las solicitudes de concesión y renovación de licencias de caza, se compruebe la existencia de inhabilitaciones penales o administrativas firmes que impidan legalmente el ejercicio de la actividad cinegética, procediendo a denegar la licencia cuando concurra dicha causa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 7/1998, de Caza de Canarias.
El acuerdo también insta al Gobierno de Canarias a promover las modificaciones legislativas necesarias para que las personas condenadas mediante sentencia penal firme por delitos de maltrato animal puedan quedar expresamente inhabilitadas para obtener o renovar licencias de caza durante el periodo que legalmente se determine, atendiendo a la naturaleza, gravedad y circunstancias del delito.
En este sentido, la propuesta contempla específicamente aquellos supuestos en los que una sentencia firme haya establecido una pena de inhabilitación para la tenencia de animales o la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
Por último, el Cabildo trasladará el acuerdo al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias y a los grupos parlamentarios, así como al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, con el objetivo de que se estudien las modificaciones legislativas que pudieran resultar necesarias dentro de sus respectivos ámbitos competenciales.
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