Cabildo y Gobierno de Canarias colaborarán para la recuperación del Macizo de Famara

Ambas instituciones suscribirán un convenio “que permitirá la puesta en marcha del proyecto experimental de restauración del hábitat en las cumbres de Famara"

28 de septiembre de 2021 (16:04 CET)
La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo
La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y el consejero para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, suscribirán un convenio “que permitirá la puesta en marcha del proyecto experimental de restauración del hábitat en las cumbres de Famara”.

En concreto, la Corporación pondrá a disposición del Ejecutivo Autonómico, "ocho parcelas de su titularidad para realizar los estudios de campo necesarios", como el análisis del suelo; de las raíces, semillas y esquejes; y de los hongos y bacterias presentes, para la revegetación de las citadas parcelas y, a medio y largo plazo, la recuperación del entorno vegetal y natural del Macizo de Famara.

Además, se realizarán trabajos de campo “para obtener planta viva a partir de material seminal oriundo”, y su posterior introducción en el medio "aplicando técnicas experimentales de plantación e inseminación". Del mismo modo, se realizarán “distintos estudios sobre la composición del suelo para frenar los procesos erosivos en la zona”.

La presidenta ha valorado “el respaldo del Ejecutivo Autonómico” a una iniciativa “con la que lograremos recuperar una parte fundamental de nuestra biodiversidad en un entorno tan significado para la isla como es el Macizo de Famara”. Corujo  ha considerado, además, que “asistimos a un momento que requiere de nuestro mayor compromiso con todas las actuaciones orientadas a preservar nuestro patrimonio natural y frenar la amenaza que supone el cambio climático sobre los ecosistemas del planeta”. 

El Cabildo informa que el proyecto tendrá una duración “no superior a los dos años”. Habrá, además, “una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las administraciones”, que será el órgano colegiado encargado de resolver las dudas que se puedan plantear durante la evolución del proyecto.

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