La Comisión Europea ha aprobado el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) canario para el periodo de 2007 a 2013 que contempla medidas fiscales por un valor estimado de 7.135 millones de euros con el objetivo de incentivar las inversiones, crear empleo y diversificar la economía regional.
El portavoz de la comisaria europea de Competencia, -Neelie Kroes-, Jonathan Todd, destacó que el Ejecutivo comunitario ha decidido dar su autorización al paquete fiscal canario puesto que es "compatible con las ayudas de Estado de la Unión Europea" (UE) como ha determinado el análisis realizado "bajo las líneas directrices" de estas subvenciones públicas con finalidad regional de 2007 a 2013, en las que Canarias tiene el mejor nivel de acceso con independencia de su renta ya que es una región ultraperiférica (artículo 299.2 del Tratado).
Todd aseguró que, tras este examen, la Comisión Europea ha "concluido" que el "nivel de la ayuda es el adecuado para compensar a las empresas por el hecho de que las Islas Canarias están alejadas geográficamente del resto de la Unión Europea pero al mismo tiempo no existe una sobrecompensación que pueda" dañar la competencia europea.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario considera que el "examen del REF y de la Zona Especial (ZEC) muestra que la ayuda está dirigida a las desventajas específicas de Canarias y es proporcional a los costes adicionales que resultan" de las mismas. No obstante, Madrid deberá presentar cada año a Bruselas un informe sobre la aplicación de las medidas fiscales canarias.
UNA RIC MÁS FLEXIBLE Y LA ZEC HASTA 2019
En cuanto a la Reserva de Inversiones (RIC, artículo 27), el documento adoptado explica que "prevé una reducción de la base imponible del impuesto de sociedades para las empresas o en su caso sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los beneficios generados en sus establecimientos en las Islas Canarias que se asignen a la constitución de una reserva para inversiones y aplicable hasta el 90 por ciento de los beneficios no distribuidos generados en un año fiscal".
Bruselas estima que durante los próximos siete años, el Estado español dejará de percibir unos 6.873 millones de euros en base a la RIC, por tanto, casi 1.000 millones de euros anuales. Esta cifra quintuplica el importe total que el Archipiélago percibirá el próximo septenio en calidad de los fondos estructurales de la UE (unos 1.300 millones de euros).
La reserva deberá "materializarse en un periodo máximo de tres años" y sus "cantidades" deberán "emplearse para uno" de los "propósitos" autorizados por el Ejecutivo comunitario.
Entre ellos: la adquisición de activos fijos para la creación, ampliación o diversificación de un establecimiento, incluyendo los medios de transporte internos en el Archipiélago; la creación de puestos de trabajo vinculada al uso anterior; la adquisición de activos fijos qu eno sean una inversión inicial ?en este caso sólo se contemplan los vehículos de transporte de pasajeros que sean una necesidad pública-.
Asimismo, la RIC puede materializarse en acciones u otros títulos de participación en el capital de las empresas que llevan a cabo sus actividades, abarcando las que se encuentran en la Zona Especial, o emitidos por fondos de capital riesgo o instituciones colectivas; en deuda pública que se utilice para la infraestructura y la protección de medio ambiente canario, para el desarrollo, la explotación de infraestructuras y equipos de interés público del Archipiélago.
Los "activos en que se materializa la inversión en la RIC" deben situarse o recibirse en Canarias, utilizarse en el archipiélago y ser asignados y necesarios para la actividad económica, aclara el texto aprobado por la Comisión Europea que añade que estos "activos" incluyen las aeronaves, buques, redes de transporte entre Canarias y el continente, las concesiones administrativas de infraestructuras públicas o la prestación de servicios públicos.
Los "activos" deberán, además, "permanecer en funcionamiento en la empresa del beneficiario durante al menos cinco años" sin transmitirse, arrendarse o cederse a terceros.
La RIC también incluye nuevas medidas para evitar la especulación como la obligatoriedad de preparar un plan previo sobre el uso de la reserva.
Por su parte, la ZEC concede "incentivos fiscales a favor de la localización de empresas y capitales" en Canarias. Estas ventajas fiscales pueden tomar la forma de: la reducción del tipo de gravamen del impuesto de sociedades, una exención fiscal sobre dividendos e intereses pagados a no residentes, así como una exención del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales, del impuesto general indirecto de Canarias (IGIC), y del pago de impuesto locales.
Las empresas instaladas en la ZEC podrán beneficiarse hasta 2019 de estas medidas, que la Comisión Europea valora en 114 millones de euros de 2007 hasta 2013 y en 261 millones de euros hasta 2019.
El Régimen Económico y Fiscal contempla otras medidas fiscales como: la "exención del pago de impuestos de transmisiones para la adquisición o importación de mercancías relacionadas con una inversión inicial" (artículo 25); así como, una "reducción fiscal del 50 por ciento tanto del impuesto de sociedades como del impuesto sobre la renta de los ingresos derivados de la venta de mercancías de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria, producidas en las Islas Canarias" (artículo 26), asegura el documento aprobado por la Comisión Europea.
EL REF se aplica a todos los sectores "salvo los de la construcción naval, el aceero y las fibras sintéticas". En su caso, la Zona Especial tampoco puede abarcar las "actividades económicas más comunes" en Canarias, como el "turismo", ya que el objetivo de la ZEC es fomentar la diversidad económica.
ACN Press
