El consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, considera que el Gobierno de Canarias ha "quebrado la lealtad institucional" que debe imperar entre administraciones, al recurrir la sentencia que anuló el Plan de la Geria sin "informar" a la institución insular. Bergaz asegura que no se enteró hasta el pasado viernes de la existencia de ese recurso, precisamente al conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que rechazó admitirlo siquiera a trámite.
"No lo sabía ni este consejero ni ningún miembro del grupo de gobierno del Cabildo", ha subrayado Marcos Bergaz, incluyendo así a los consejeros de Coalición Canaria y al propio presidente, Pedro San Ginés, que pertenece al mismo partido que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.
Así, además de ocultárselo a los medios - negando incluso a La Voz de Lanzarote que hubieran recurrido-, el Ejecutivo también habría actuado de espaldas al Cabildo, pese las reuniones y conversaciones que mantuvieron tras conocer el fallo de primera instancia. A esto podría sumarse otra circunstancia aún más llamativa, como es que no conociera ese recurso ni la propia Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y que la orden hubiera partido de más arriba, es decir, del área de Presidencia de Clavijo.
"Creo que le han metido un gol a la consejera"
"Lo que creo es que le han metido un gol a la consejera", ha afirmado Bergaz, que ha defendido el "comportamiento" y la "coordinación" con la que han trabajado hasta ahora con la responsable de Política Territorial del Gobierno canario. De hecho, ha precisado que habló "en repetidas ocasiones" con la consejera, Nieves Lady Barreto, tras conocer la existencia de ese recurso, pero sin embargo no pudo contactar con nadie de Presidencia. Y según Marcos Bergaz, ella "poco ha tenido que ver " en esta decisión.
Por eso, considera que debería haber "una depuración de responsabilidades, para no dejar en mal lugar a una consejera" de la que el Cabildo "hasta ahora no tiene quejas", y para "saber de dónde vino la decisión" de recurrir el fallo.
En declaraciones a Radio Lanzarote-Onda Cero, Bergaz ha recordado que desde el Cabildo habían solicitado en "repetidas ocasiones" al Gobierno que le "informara" sobre su planteamiento y que ambas administraciones compartían "el criterio de que no existía interés casacional y que, por tanto, no procedía el recurso". Sin embargo, el Gobierno canario lo terminó presentando, aunque no ha sido admitido siquiera a trámite. Y tampoco ha prosperado el que presentó el empresario Juan Francisco Rosa, que ha intentando defender en los Tribunales la vigencia de un Plan con el que, según él, su bodega queda "perfectamente legalizada". Así lo ha señalado su defensa en el caso Stratvs, cuyo primer juicio se celebrará el próximo mes de junio, y en el que la Fiscalía le pide en total 15 años de prisión.
"Lo podía haber hecho de otra manera"
"El Cabildo insular de Lanzarote no estaba al tanto de la intención del Gobierno de Canarias de recurrir en casación la anulación por el TSJC del Plan Especial de La Geria", ha subrayado el responsable insular de Política Territorial, que ha calificado la situación de grave. Según ha explicado, se enteró el pasado viernes, ya que el Cabildo es parte en el procedimiento y recibió la notificación de que se había rechazado el recurso del Gobierno canario. "Recibí una llamada de los servicios jurídicos del Cabildo y me informan de que acaban de ser notificados de este hecho. No de la presentación del recurso, sino de la inadmisión del mismo", ha detallado.
El consejero socialista ha lamentado las formas empleadas por el Ejecutivo canario en este asunto. "Creo que no había ningún tipo de necesidad", ha señalado, indicando que si el Gobierno "consideraba que había algún tipo de interés casacional y que había algún resquicio para poder ganar el pleito y que ese Plan de La Geria siguiera en vigor", lo podía "haber hecho de otra manera".
En cualquier caso, el TSJC no ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno canario, que entre otras cosas alegó la supuesta infracción de normas que "no guardar relación alguna con el objeto de la sentencia", según señala el Tribunal en su auto. Además, recuerda que la anulación del Plan de La Geria se basó en una "doctrina jurisprudencial unánime y constante", ya que el documento se tramitó vulnerando la Ley e incumpliendo una sentencia anterior, que había anulado el primer Plan de La Geria. Ahora, tal como ha recordado Bergaz, el Ejecutivo regional aún tiene 10 días para presentar un recurso contra ese auto ante el Tribunal Supremo.
