El Ayuntamiento de Arrecife se encuentra entre las cinco entidades públicas de Canarias que debe llevar a cabo una "fiscalización de las subvenciones de concesión directa" del año de la pandemia. Así se lo comunicó la Audiencia de Cuentas de Canarias en el verano de 2022 a la entonces alcaldesa del consistorio, Ástrid Pérez en el verano de 2022.
Esta información sale al paso después de que se conociera que más de 400 familias de Arrecife tendrán que justificar las ayudas sociales recibidas en el 2020 o tendrán que devolverlas. Esas subvenciones fueron aportadas por el Área de Servicios Sociales del consistorio, dirigida entonces por María Jesús Tovar (Partido Popular).
Según asegura el consistorio en un comunicado, las instituciones locales de las islas que se encuentran en fase de aportación de documentación son: “los Ayuntamientos de Granadilla de Abona, San Bartolomé de Tirajana, Arrecife, Santa Lucía de Tirajana y Arona, ejercicio 2020, que figura en el Programa de Actuaciones para el ejercicio 2021, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2020 ".
En el caso particular del Ayuntamiento de Arrecife, en ese momento estaba en el poder una coalición entre el PSOE y el Partido Popular. Según defiende el consistorio, ahora liderado por el Partido Popular y Coalición Canaria, en un comunicado, también se solicitó que se aportara documentación de subvenciones directas de la Concejalía de Deportes, en manos del socialista Roy González.
Al mismo tiempo y sobre el caso particular del área de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Arrecife asegura que se otorgaron "subvenciones directas a personas en situación de vulnerabilidad" y que quienes la recibieron "deben aportar los justificantes de la utilización de esas cantidades". En este sentido, la institución municipal está requiriendo en la actualidad a los beneficiados que aporten esos justificantes. Mientras, que en el caso en los que no se entreguen se procederá al "reintegro del importe de la subvención recibida".
En esta línea, el consistorio asegura que todas las subvenciones sociales fueron otorgadas con los informes previos de los técnicos, con la fiscalización interna de la Intervención Municipal, así como con la supervisión y tramitación de la Concejalía de Hacienda, "a quien correspondió los pagos, y hacer el posterior seguimiento de sus justificantes". En ese momento Hacienda estaba en manos de Cristina Duque (PSOE), "cuñada del portavoz del portavoz del PSOE en este nuevo mandato, Alfredo Mendoza, quien en un comunicado este viernes pide asunción de responsabilidades", reparan desde el consistorio.
En este punto, el consistorio señala que la Ley 38/2003 General de Subvenciones señala que "la competencia para ejercer el control financiero de las subvenciones concedidas por las corporaciones locales y los organismos públicos de ellas dependientes corresponderá a los órganos o funcionarios que tengan atribuido el control financiero de la gestión económica de dichas corporaciones a que se refieren los artículos 194 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales". O de otro modo, que la fiscalización "correspondía a la Concejalía de hacienda, hasta finales de 2021 en manos del PSOE".
Arrecife recuerda que el 13 de marzo de 2020 se decretó, por el Ayuntamiento, la declaración de Emergencia Municipal, porque el día previo el Gobierno de Canarias había cerrado la actividad docente dejando al alumnado sin acceder a los comedores escolares, entre ellos los alumnos de Cuota Cero (en situación de vulnerabilidad). Y el sábado, 14, el presidente del Gobierno de la Nación decreta el Estado de Alarma en todo el país, ante la situación de la Covid.
Para concluir, el Ayuntamiento de Arrecife defiende que Yonathan de León no formó parte de la corporación municipal en el pasado mandato e insiste en que en este periodo ejerce "lo que la ley determina a quien sea alcalde presidente de la corporación".
