El grupo de Lanzarote en Pie ha revelado que el Ayuntamiento de Arrecife, presidido por Ástrid Pérez (PP), ha sido "condenado judicialmente al pago de 179.530 euros más intereses por la prestación de servicios de luz y sonido en las fiestas de San Ginés de 2019 sin tener contrato en vigor".
Lanzarote En Pie ha achacado a “la nefasta gestión que se realiza desde el grupo de gobierno municipal (PP-PSOE-NC-Somos)” esta nueva condena. En esta ocasión, apunta que la sentencia se refiere a nueve facturas por los servicios prestados por la empresa Tecnosound en las fiestas patronales de hace dos años.
La empresa en cuestión, afectada por los "impagos" de la administración de Astrid Pérez, presentó ese mismo año una demanda, que fue admitida a trámite por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas. Es este órgano es quien, según Lanzarote en Pie, ha condenado al Ayuntamiento al abono de 176.297,32 euros, "cantidad a la que el Consistorio reconoce que habrá que añadir los intereses de demora, todavía por cuantificarse".
La portavoz de Lanzarote En Pie en el Ayuntamiento de Arrecife, Leticia Padilla, ha criticado duramente la gestión municipal, pues su propio grupo advirtió "del error que se cometía". “Esta condena nos da la razón y confirma lo que denunciamos en su momento, pues Ástrid Pérez sabía que no había contrato en vigor y aún así siguió adelante”, ha señalado la edil,
Según Padilla, "varios técnicos plantearon en su día, a través de en un documento interno, que el Ayuntamiento tuviera a bien la cancelación de las fiestas de San Ginés de 2019, al tenerse conocimiento de que no había contrato en vigor con alguna empresa que garantizara sin aparentes contratiempos el sonido y la luz en los espectáculos, desoyendo el grupo de gobierno tales recomendaciones".
Para Lanzarote en Pie, la nueva condena al Ayuntamiento es "una muestra más de la desidia con la que actúa en el pacto PP-PSOE, que se olvida de realizar los procedimientos administrativos correspondientes, generando en primer orden un grave perjuicio en las arcas municipales y en segundo grado a los empresarios locales, que ven afectados sus negocios por los impagos en tiempo y forma”.
