Tras un cartel que rezaba "¿Por qué?" y enfundados en camisetas naranjas, miembros de Alternativa Ciudadana han convocado este miércoles a los medios para presentar las alegaciones de su partido en contra del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Teguise y la promotora Algol. El escenario no podía ser más significativo: las parcelas del campo de golf de Costa Teguise que, según el convenio, se pueden convertir en suelo urbano.
Siete alegaciones que comienzan con la denuncia del incumplimiento de "información pública", debido a que, como especifica AC, al día siguiente de la aprobación del convenio en el Pleno de Teguise, se elevó una orden de inserción al Boletín Oficial de Las Palmas, pero el expediente no figuraba en él. En este punto han coincidido otros grupos políticos al presentar sus alegaciones, como PSOE, PIL y CC, quienes también han criticado el hecho de que el documento no se publicara en uno de los periódicos de más difusión de la isla. Pedro Hernández también ha denunciado, una vez más, la falta de transparencia en la negociación de este convenio, haciendo alusión a algunos nombres que se esconden detrás de estas reuniones, como el del consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino.
Los tres puntos de este convenio más criticados por Alternativa ciudadana han sido la anulación de la suspensión de licencias en las parcelas de Algol, la clasificación un millón cuatrocientos mil metros cuadrados del suelo de campo de golf de Costa Teguise como suelo urbano, y el cambio del uso de las parcelas, pasando de suelo turístico a suelo residencial. "Uno de los asuntos determinantes de este acuerdo es el cambio de uso de parcelas", ha explicado Pedro Hernández, portavoz de AC. "Antes predominaban las de uso turístico, pero desde el año 1998 lo que interesa es vender una segunda residencia a la clase media europea, así que quieren cambiar el suelo turístico por residencial".
Estos tres puntos han sido igualmente reflejados en las alegaciones de PIL y PSOE. Este último ha calificado este convenio de "grave deslealtad institucional" debido a que "va contra la apuesta por controlar el desarrollo de la industria turística. Por otra parte, el PIL habla de "una inversión en los papeles" adoptados por el Ayuntamiento y la empresa mercantil, que "es la que parece que estuviera investida de poderes extraordinarios y la Administración fuera el sujeto privado subordinado", por lo afirma que existe un desequilibrio a favor de Algol.
Coalición Canaria, por su parte, ha expresado su extrañeza por que el acuerdo contemple la recalificación del campo de golf, ya que no lo creen "necesario", y ha denunciado el plazo de 30 años establecido por Algol para el uso de los terrenos cedidos al Ayuntamiento. CC se considera contraria a la reversión de las cesiones, la no suspensión del proceso de otorgamiento de las licencias de obra, la determinación de la periodificación de construcción y el derecho de preferencia en las concesiones y autorizaciones administrativas.
