La consejera delegada de los Centros Turísticos de Lanzarote, Ástrid Pérez, ha salido a desmentir las manifestaciones realizadas por los representantes del Comité de Empresa de la EPEL, que le acusaron de haber llevado a cabo un "ERE encubierto". "Nuestro plan ha evitado la quiebra y cierre de los Centros Turístico con todas las medidas puestas en marcha a lo largo del 2010 tras asumir la gestión de los Cacts", ha defendido Pérez.
La también vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote ha recordado que todas las prejubilaciones han sido aprobadas, autorizadas y firmadas por todos los miembros del Comité de Empresa, "entre cuyas firmas se hallan las de quienes cuestionaron el proceso seguido por este Ente público para aminorar el excesivo coste laboral en los Centros Turísticos".
Por otra parte, Ástrid Pérez ha invitado a la reflexión ciudadana y se ha planteado varias preguntas: "¿Puede existir algo encubierto como un ERE cuando son los representantes legítimos de los trabajadores quienes lo aprueban y avalan con sus firmas?", se ha cuestionado.
Pérez ha insistido en que un total de 18 trabajadores se han acogido "de forma voluntaria" a estas prejubilaciones y "no 25, como de forma falsa declaran los miembros del Comité". En este sentido, ha asegurado que fue pactado con el Comité poner en marcha sistemas de acuerdos indemnizatorios para aquellos trabajadores con edad superior a 62 años.
Para la financiación del coste de dichos acuerdos indemnizatorios, tanto el Comité como Astrid Pérez acordaron en la negociación colectiva "modificar la estructura retributiva de la plantilla para el actual año 2010 de forma que durante el mismo los trabajadores no devengarán la paga extraordinaria correspondiente al mes de de octubre de 2010", según informan desde la dirección de los Centros Turísticos.
Según Pérez, se destinó para estos 18 acuerdos indemnizatorios unos 400.000 euros, el equivalente a la paga extraordinaria del pasado mes de octubre que la plantilla dejó de percibir y se destinó al abono de estas prejubilaciones.
Sin personal nuevo
La consejera también ha insistido en que desde que ella asumió la gestión de los Centros, en octubre de 2009, "no se han creado nuevas plazas ni se ha contratado a personal nuevo en plantilla". "Sólo en este periodo (hasta finales del 2010) se han suplido, mediante contratos de sustitución, una media de 7 bajas por enfermedad, bajas o maternidad", ha indicado Pérez, que ha recordado que cuando el anterior consejero Carlos Espino estaba al frente de los Cact's, generó "19 puestos nuevos".
De esta manera, Ástrid Pérez ha desmentido "que exista colocación de allegados" entre esas 7 bajas. "Todos estos trabajadores suplentes tienen una antigüedad en los Cacts que data de los años 2005 y 2008, existentes por tanto con anterioridad en la plantilla antes de que la actual presidenta del PP en la isla asumiera la gestión de la EPEL", informa la propia Pérez.
Necesidad de realizar las auditorías
Los Centros Turísticos de Lanzarote se encuentran en la actualidad elaborando las preceptivas auditorías que marca la Ley, "pese a las ausencias de los años anteriores con el mandato del anterior consejero delegado", según denuncia Pérez, que cuando accedió a la dirección de los Cacts ordenó que se auditaran y se cerraran los ejercicios económicos. Para la realización de estos trabajos ha sido necesario "reforzar esta tarea con una firma, aunque no con trabajadores nuevos", que refuerce al Departamento Económico Financiero, según Pérez.
La consejera también ha informado a lo largo de este comunicado de que en 2010 se realizaron dos concursos internos de ascenso de promoción interna entre los trabajadores de los Cacts para suplir plazas de guías en la Cueva de los Verdes y otro como conductores de guaguas. "¿Por qué omite el Comité los 3 despidos entre los años 2007 /09 y las pérdidas?", se ha preguntado Pérez, que ha insistido en que bajo el mandato de Carlos Espino se dio de baja a tres trabajadores con una indemnización próxima a los "100.000 euros".
"Ante esa situación, el Comité de Empresa permaneció mudo, al igual que sobre el tema de las llamativas pérdidas y números rojos en las cuentas públicas de la EPEL generadas en su mayoría entre los años 2007 y 2009 con una deuda próxima a los 17 millones de euros. Lamento que los actuales miembros del Comité sigan guardando silencio ante esta situación que ha motivado que la EPEL se encuentre en este estado y que haya estado a punto de la quiebra y cierre", ha denunciado Ástrid Pérez.
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