El Ayuntamiento de Arrecife reclamará al Banco Santander la devolución de más de 3,3 millones de euros que supuso la contratación de una herramienta financiera conocida como SWAP, y que fue contratada por la ex alcaldesa María Isabel Déniz. Así lo ha anunciado el Consistorio, después de conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que acaba dar la razón al Consistorio, avalando la cancelación de ese producto financiero acordada en febrero de 2013, bajo la Alcaldía de Manuel Fajardo Feo.
Con esa resolución aprobada por el Pleno, el Ayuntamiento declaró nulo de pleno derecho el Contrato Marco de Operaciones Financieras que regula las operaciones de permutas financieras de tipos de interés (SWAP) suscrito en 2004 entre la institución municipal y la entidad bancaria, "por ser perjudicial para las arcas municipales".
Según recuerdan desde el Consistorio, el Ayuntamiento tomó esa decisión "a pesar de que el contrato no terminaba hasta 2014, en virtud de los informes que aseguraban que la continuidad del mismo podían suponer para el Consistorio perjuicios de imposible o difícil reparación, llegándose incluso a verse amenazada la elaboración de los presupuestos municipales".
"Las malas prácticas financieras afectaron también a las administraciones"
Según ha señalado la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, "las malas prácticas bancarias durante la época de la abundancia, de las que fuimos conscientes en el inicio de la crisis, afectaron a muchos pequeños ahorradores, pero también a cientos de administraciones públicas".
"En el caso de Arrecife, la decisión del grupo de Gobierno CC-PSOE de denunciar el SWAP ha dado sus frutos y hoy la ciudadanía dispone en la caja común de más tres millones de euros recuperados a través de la acción legal, motivo por el cual no podemos sino sentirnos satisfechos", añade.
El concejal de Hacienda, Samuel Martín, que también ha mostrado su satisfacción por el resultado de la sentencia, ha alabado la labor de la entonces responsable del Área económica de la capital, María Teresa Lorenzo. "Se detectó que existía un posible perjuicio económico para el Ayuntamiento y se decidió iniciar el procedimiento administrativo de revisión, que hoy ha terminado dándonos la razón", ha subrayado.
"Ahora debemos seguir confiando en la justicia y que la entidad bancaria devuelva al Ayuntamiento el dinero perdido por estos productos tóxicos", añade el edil. Desde el Consistorio explican que esta herramienta financiera "ha llegado a costar a la institución, en el período comprendido entre 2004 y 2011, un total de 3.341.000 euros, que ahora podrá reclamar al Banco Santander".
El fallo judicial rechaza por tanto la pretensión indemnizatoria planteada por el banco, a quien además obliga a pagar las costas, aunque aún cabe interponer recurso de apelación, que será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
