La concejal del grupo de los no adscritos en el Ayuntamiento de Arrecife, Nayra Callero, logró que este lunes se aprobara una enmienda que presentóa los presupuestos generales de la Corporación para que se anticipe el pago del abogado a los trabajadores municipales y "por ende a los concejales" del Consistorio que hayan sido imputados en alguna causa judicial. En el caso en que se demuestre que son culpables, tendrían que devolver el dinero.
Hasta el momento, el Ayuntamiento sólo abonaba estos gastos al final, si el trabajador municipal resultaba absuelto con sentencia firme. De cara al presupuesto de este año, el grupo de gobierno había introducido un protocolo por primera vez en estas cuentas municipales para establecer estos gastos, y en él se seguía manteniendo que el pago de abogados se haría efectivo al final del proceso, siempre que el trabajador fuera absuelto.
Nayra Callero defendió que la redacción de este punto del protocolo tenía que cambiarse, alegando que así lo recoge el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que dice que "para que el derecho de los trabajadores se vea efectivamente garantizado, el pago tiene que ser por adelantado, porque actúa así como un seguro de responsabilidad". "Está recogido en el convenio y en el Estatuto Básico del Empleado Público", ha afirmado.
"Laboralmente hablando, no garantizas la defensa jurídica si el trabajador se tiene que pagar el abogado, presentarse solo al juicio y cuando salga absuelto ya el Ayuntamiento le paga", ha explicado Callero, que asegura que esta iniciativa no tiene como objetivo "pagar las facturas a los concejales imputados".
De esta manera ha querido responder a las críticas surgidas desde Alternativa Ciudadana, que se ha mostrado "absolutamente en desacuerdo" con esta propuesta y ha dicho que incluso la interventora señaló en un informe que esta iniciativa es "un riesgo". "Alguien es imputado y dentro de seis años sale la sentencia y resulta que es culpable y tiene que devolver el dinero. No hay necesidad de asumir este riesgo de pagar por adelantado", ha defendido Blanca Blancas.
"Lo dice la Ley y hay sentencias que lo recogen"
Por su parte, la concejal ha defendido que "no es algo nuevo, porque ya existe" e, incluso, presentó un informe jurídico que lo respalda. "No es algo que me esté inventando yo, porque lo dice la Ley, ha sido debatido en sede judicial y hay sentencias que lo recogen", ha manifestado.
En este sentido, la edil ha puesto varios ejemplos en los que un trabajador municipal podría necesitar el pago anticipado de un abogado por parte del Ayuntamiento. "Imaginemos que hay un electricista trabajando en la calle Real, que está cambiando una bombilla, se le cae y le da a un peatón. El peatón lo denuncia. El trabajador no puede pagarse un abogado porque no dispone de dinero. El Ayuntamiento debería pagárselo. Yo lo entiendo así desde mi profesión de abogada", ha señalado.
Lo mismo ocurre con un "médico, que es denunciado por negligencia". "Lo defiende la Seguridad Social, que para eso estaba este trabajador en el desempeño de sus funciones. Otra cosa es que luego se demuestre que ha sido una negligencia y entonces tenga que devolver el dinero", ha afirmado Callero.
"Es un riesgo que no es necesario"
La aprobación de este punto, que contó con los votos favorables del grupo de gobierno y de las concejales del grupo de los no adscritos Nayra Callero y Emilia Perdomo, ha despertado muchas críticas en Alternativa Ciudadana. "Un funcionario o trabajador tiene nómina en el Ayuntamiento, pero un cargo público está una época y se va y si se declara insolvente a ver quién cobra eso. Es el argumento que utiliza hasta la interventora, que es un riesgo que va a asumir el Ayuntamiento y que no es necesario", ha manifestado.
En este sentido, la concejal Blanca Blancas ha puesto varios ejemplos. "Imaginemos el caso Unión y el caso Jable. La cantidad de trabajadores y políticos que fueron imputados. Si todos acuden al Ayuntamiento a pedir defensa jurídica contra el propio Ayuntamiento que debe defenderse? es que me parece paradójico que el Consistorio asuma los gastos por imputaciones de malversación de fondos públicos, etcétera", ha criticado.
