El Ayuntamiento de Arrecife ha ordenado a Hormiconsa el derribo de sus tres naves y plantas anejas de fabricación de hormigón y machacadora para materiales de construcción, que llevaban funcionando una década de forma ilegal en Maneje. La decisión del Consistorio llega tras la sentencia firme que condenó al empresario Miguel Morales a un año y 8 meses de cárcel y una multa de 67.500 euros por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad en la construcción de esas naves.
El fallo, que se dictó en 2011 y fue ratificado el pasado mes de febrero por la Audiencia Provincial, ordenaba también el derribo de esas naves, que se construyeron sin licencia y en suelo "especialmente protegido". Pese a que en 2005 el Ayuntamiento llegó a ordenar que se paralizaran las obras, éstas siguieron adelante y además las instalaciones han estado funcionando hasta ahora.
Tras conocer la sentencia firme, el Consistorio ordenó a la empresa el pasado 1 de abril que presentase un proyecto de derribo. Según han señalado desde el Ayuntamiento, Hormiconsa entregó ese proyecto el pasado viernes, 5 de junio. Ahora, es la Oficina Técnica del Consistorio capitalino quien debe emitir un informe para dar el visto bueno a ese proyecto de demolición. Una vez que sea aprobado, Hormiconsa tendrá un plazo de un mes para ejecutar el derribo de sus naves. Deberá, además, correr con los gastos de ese derribo.
Una orden de precinto, única actuación del Ayuntamiento
El caso de Hormiconsa se remonta a hace más de una década, cuando Morales construyó las instalaciones "sin haber obtenido previa calificación territorial y licencia municipal de obras", señala la última sentencia, de la Audiencia de Las Palmas. Por este motivo, el fallo consideraba probado su delito contra la ordenación del territorio. En cuanto al otro cargo del que se le acusaba, de desobediencia grave a la autoridad, hace referencia a la orden de precinto que el Ayuntamiento de Arrecife emitió en octubre de 2005, cuando las obras ya estaban avanzadas, y que Morales desoyó.
Esa orden emitida hace diez años por el Consistorio ha sido la única actuación que el Ayuntamiento había tomado hasta el momento contra Hormiconsa, tanto para frenar las obras como para el cierre de las instalaciones una vez que éstas estaban ya en funcionamiento. Así, la empresa ha estado explotando esta industria durante esos años e, incluso, una vez emitida la primera sentencia que confirmaba su ilegalidad y la necesidad de demolerlas.
El caso llegó a los tribunales de la mano de Andrés Barreto, que era entonces concejal de Alternativa Ciudadana en Arrecife. En un principio, en la causa estuvieron imputadas la ex alcaldesa de la ciudad, María Isabel Déniz, y la que fuera edil de Urbanismo, Nuria Cabrera. Barreto denunció entonces que Déniz y Cabrera no habían tomado medidas contra Hormiconsa durante las obras ni para pedir el derribo de las instalaciones. Las actuaciones contra la concejal y la ex alcaldesa fueron finalmente archivadas, ya que el Juzgado entendió que con esa orden de precinto las dos ediles sí habían tomado al menos alguna medida.
