El empresario Oliver Rodríguez se ha vuelto a sentar este lunes en el banquillo de los acusados, para responder por un delito contra la ordenación del territorio, en concurso con otro de daños contra el patrimonio histórico, y uno más de hurto de bienes de valor histórico. Los dos delitos se cometieron presuntamente en un inmueble protegido, conocido como la "Casa de los Carrasco", ubicado en el municipio de San Bartolomé.
En el juicio que ha arrancado este lunes, ante el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, la Fiscalía pide para Rodríguez 5 años de prisión, así como una multa de 9.000 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnice a la familia Carrasco Cabrera, dueña del inmueble que sufrió los daños, con un millón de euros, que es la cantidad en la que se han valorado los "destrozos" causados; y con 11.440 euros más por distintos efectos que presuntamente sustrajo de la casa y que no han podido ser recuperados.
Inicialmente, la celebración de este juicio estaba prevista para el pasado mes de julio, pero se suspendió por la renuncia del abogado de Oliver Rodríguez, que cambió de defensa. La siguiente fecha se fijó para el pasado mes de octubre, pero entonces fue la ausencia de un perito y de un testigo la que obligó a posponer la celebración de la vista. Finalmente, y aunque también faltaba un testigo, el juicio ha comenzado este lunes y continuará el martes.
Durante la primera jornada ha prestado declaración el acusado, así como algunos de los 13 testigos y peritos que están citados para este juicio. Uno de los que ha declarado este lunes ha sido el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ya que la institución está personada como acusación, por los daños causados al patrimonio. Además, durante la primera jornada ha prestado declaración la dueña de la vivienda, funcionarios de Patrimonio del Cabildo y agentes del Seprona y de la Policía Local.
"Gravísimos e irreversibles daños"
Según el relato de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre finales de 2004 y principios de 2007, cuando a través de la empresa de la que es administrador, Lanzaroveli SL, Rodríguez, llevó a cabo "obras de transformación" en la finca donde se encuentra este edificio protegido, que está incluido en el Catalogo Arquitectónico municipal de San Bartolomé. Al parecer, el acusado había mantenido negociaciones con los dueños del inmueble para adquirirlo, pero no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, inició obras, supuestamente sin permiso de los propietarios.
Entre otras cosas, con esas obras se eliminaron "ejemplares vegetales centenarios", se remozó el empedrado cercano a la cancela de entrada, se levantaron sillares y bloques de piedra basáltica labrada, se levantaron cantos y se demolió la "galería perimetral de arcos de medio punto, muros, techos y aljibes", así como dos aljibes interiores y otras ocho dependencias como cuadras, cuartos, corrales, garaje y gallinero. Todo ello, sumado a la construcción de nuevos muros, causó "gravísimos e irreversibles daños" en este bien histórico, según la Fiscalía.
Además, "con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito y sin consentimiento de la familia Carrasco Cabrera", Oliver Rodríguez "procedió después a expoliar sillares de piedra basáltica y todo el material constructivo obtenido tras las correspondientes demoliciones". Según el escrito de acusación, Rodríguez se llevó incluso diverso mobiliario y enseres que se encontraban en el interior de la vivienda. De esos enseres solo se ha podido recuperar un cuadro, mientras que los demás, tasados pericialmente en 11.440 euros, no han aparecido. En cuanto a los materiales presuntamente hurtados, "cuyo valor económico resulta pericialmente incalculable", fueron localizados después por el Seprona.
"Todas las obras y destrozos anteriores los llevó a cabo el acusado con grave desprecio por la ordenación territorial y el patrimonio histórico y cultural del municipio y de sus propietarios, careciendo de los correspondientes títulos habilitantes para ello, por cuanto no disponía de autorización por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, ni de calificación territorial ni licencia municipal de obra", sostiene el escrito de acusación del fiscal. Además, subraya que tampoco podría haber obtenido esos permisos, ya que el suelo donde se encuentra ese inmueble está clasificado tanto en el planeamiento de San Bartolomé como en el Plan Insular como "suelo rústico de protección, de valor natural ecológico, el Jable". A esto, añade que el catálogo arquitectónico municipal otorga al inmueble "una protección integral, debiendo conservarse todos sus rasgos arquitectónicos, funcionales y tipológicos".
Doce condenas firmes a sus espaldas
Óliver Rodríguez, conocido también como piloto de rallys, tiene ya una larga lista de condenas a sus espaldas. En total, el empresario y piloto de rallys ha sido condenado ya en 12 ocasiones con sentencias firmes.
La primera condena se produjo en el año 2008, por un delito de falsedad documental. Después, volvió a ser condenado en otras tres ocasiones (en 2009, 2011 y 2013) por ese mismo delito. Además, entre 2010 y 2011 sumó otras siete sentencias condenatorias. Dos fueron por hurto, una por conducción bajo los efectos del alcohol, otra por apropiación indebida, una más por coacciones, otra por alzamiento de bienes y una por un delito de daños. La última condena llegó en el año 2013, por un delito de estafa.
