Los Grupos parlamentarios presentes en la Cámara regional aprobaron este viernes por unanimidad tramitar como Proposición No de Ley (PNL) la iniciativa popular presentada en 2006 para la regulación de la ubicación de antenas de telefonía móvil.
La iniciativa popular ha sufrido numerosos cambios a lo largo de su etapa parlamentaria, que ha superado un nuevo trámite con el acuerdo de todos los presentes de tratar esta iniciativa, que pretende fijar unas normas que dictaminen las condiciones en las que se podrán instalar las antenas de telefonía móvil.
Ahora, el último paso para que casi cuatro años después el Archipiélago cuente con una regulación de las antenas será su debate en Pleno como PNL.
Preocupación ciudadana
Este asunto ha sido una constante preocupación de la ciudadanía, alarmada por los casos de cáncer que se han relacionado con la presencia de estas infraestructuras en espacios públicos, aunque no existan informes científicos concluyentes o consensuados al respecto.
La iniciativa aprobada, denominada "Reguladora de la ubicación de las infraestructuras de radiocomunicación y telefonía móvil de Canarias", sin embargo, defiende que la incidencia de las infraestructuras de telecomunicaciones sobre "el territorio, el paisaje y el medio ambiente exige una ordenación adecuada con el fin de establecer las medidas de planificación y control necesarias y de posibilitar, al mismo tiempo, la verificación por parte de las entidades locales canarias, en el marco de sus competencias, del cumplimiento por los operadores de las normas de carácter preventivo dictadas por el Estado en materia de radiaciones electromagnéticas, con ocasión de la solicitud de licencias cuya concesión exigirá, en todo caso, la acreditación por los peticionarios de su autorización como operador de telecomunicación".
De esta forma, tras sucesivos cambios, esta Ley de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones se fija como objetivo "regular de la ubicación de las infraestructuras de telecomunicaciones con la finalidad de ordenar y planificar la distribución de las mismas en el territorio de la Comunidad Autónoma, tomar medidas preventivas para la salud de la población, y minimizar el impacto medioambiental, visual y urbanístico que estas infraestructuras pudieran producir, garantizando los servicios básicos de comunicaciones electrónicas al público".
ACN Press
