Alternativa Ciudadana ha rechazado la privatización del ciclo integral del agua de Inalsa y ha instado al Cabildo a que paralice la publicación del pliego de condiciones. "El proceso no haría más que mermar los derechos de la ciudadanía", ha afirmado el consejero en el Cabildo, Ginés de Quintana, que ha presentado una moción en este sentido para que se debata en el próximo pleno del Cabildo.
Para Alternativa, con este procedimiento se ha ido a lo "más fácil", "a la privatización con la excusa de que la deuda es tanta que no se podría pagar". "Estamos convencidos que con esta estrategia de la privatización quieren salvar el patrimonio de los responsables de la situación de Inalsa, así como estamos seguros de que aunque el presidente haya intentado esquivar reconocer su intención de privatizar la empresa, desde un principio su recorrido ha ido encaminado a este fin", han denunciado desde esta formación.
Alternativa Ciudadana considera que dejar la empresa en manos privadas supone "perder la inversión que se ha realizado con dinero público" en la empresa desde su creación. "Cinco plantas desaladoras, un contrato privilegiado con la compañía suministradora de electricidad así como el aprovechamiento de la energía eólica se entregarán casi de maneraprácticamente gratuita a manos privadas sin ninguna garantía", ha criticado.
La formación ha asegurado que existen otros factores diagnosticados que "están perjudicando la salud de la empresa" y que, de momento, "no se han atajado", como la existencia de 80 desaladoras ilegales, que el Consejo Insular de Aguas "podría haber denunciado". También ha destacado las pérdidas de la red, de aproximadamente un 50 por ciento de la facturación de la empresa.
Además, Alternativa ha criticado que en el pleno del Cabildo del 16 de julio, el presidente, Pedro San Ginés, acusara a la oposición de "quejarse mucho" y "no aportar propuestas" para Inalsa. Esta formación quiso hacer "un esbozo de su propuesta", pero "se nos negó el tiempo oportuno para su explicación", sostiene.
"No se ha jugado la baza esencial del Consorcio"
Alternativa ha asegurado que "no se ha jugado la baza esencial que el Consorcio Insular de Aguas tiene a la hora de plantear el convenio". "Se ha obviado que el Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, desde abril de 2012, por sentencia judicial, es un ente local. Ello significa que, como cualquier ayuntamiento o el mismo Cabildo, no son embargables sus bienes adscritos a los servicios públicos o los que sean de dominio público", ha recordado.
Por tanto, según AC, "los acreedores, en caso de rechazar la propuesta de convenio y reclamar por vía judicial la deuda, tras la liquidación de Inalsa se pasarían entre 10 a 15 años en pleitos para cobrarla". "Este dato lo han confirmado tanto el abogado externo del Cabildo para Inalsa como su Señoría el Juez de lo Mercantil responsable del expediente. Esto significa que a los acreedores les podrá interesar más, cobrar a largo plazo ahorrándose las minutas de abogados y procuradores y el desasosiego que imponen los tribunales", ha señalado.
La propuesta de Alternativa
Por todo ello, Alternativa Ciudadana sostiene que el Cabildo debe paralizar la publicación del pliego de condiciones para privatizar Inalsa y debe aprobar un nuevo convenio ante la Junta de Acreedores.
"Consideramos que estamos a tiempo. El Juez de lo Mercantil dio de plazo hasta finales de noviembre y, como último plazo, hasta enero, para celebrar la Junta de Acreedores. Los pliegos de privatización no han sido aprobados por lo que se pueden archivar", ha recordado.
Para la formación, este convenio debería recoger la recuperación de la gestión completa del ciclo integral del agua por parte del Consorcio del Agua, así como que este ente pida responsabilidades patrimoniales por las "consecuencias derivadas de la gestión" de la empresa pública.
La formación ha insistido en que el Consorcio Insular del Agua debería asumir el resto de la deuda de Inalsa, con "una quitaque corresponda al mismo importe que se adeuda a Endesa y debe establecer los plazos para su liquidación entre 15 y 20 años, a partir de la firma del convenio". "Y por otra parte, abrir el Consejo de Administración del Consorcio Insular de Aguas a las organizaciones sociales de la isla y que la dirección técnica sea llevada por profesionales expertos. Por último, que el Consorcio Insular del Agua asuma la plantilla de trabajadores", ha exigido Alternativa.
Para la formación, esto garantizaría que el ciclo integral del agua siguiera siendo público, "eliminando de raíz la ideología mercantilista del grupo de gobierno que ve el agua como una mercancía y no como un derecho de los ciudadanos". "Los trabajadores tendrán mayor seguridad en sus puestos de trabajo a diferencia de si son subrogados a una empresa privada. El ERE sería inminente a pesar de acuerdosde'paces sociales'", ha señalado.
Además, de esta forma "no quedarían impunes los verdaderos responsables de la pésima gestión de Inalsa hasta que fue concursada". "No sería legítimo que nuevamente los ciudadanos de Lanzarote soportáramos posibles subidas del precio del agua para el pago de su irresponsabilidad", ha indicado.
"La privatización de los servicios públicos solo y únicamente sirven para enriquecer a terceros y, sobre todo, para demostrar la ineptitud de los dirigentes políticos. No entendemos que estos grupos de gobiernos tan numerosos, con tantos directores insulares y asesores, que nos cuestan un dineral, no sean capaces de resolver dignamente y con responsabilidad ningún problema de los tantos, como éste, importantes para el porvenir de nuestra", ha denunciado Ginés de Quintana.
