Al menos tres empresarios confesaron ante el juez César Romero Pamparacuatro haber pagado comisiones ilegales a los concejales del Ayuntamiento de Arrecife Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez. Antonio Gómez, Jesús Manuel Martín Brito y Manuel Gregorio Reina Fabre aseguraron ante el instructor de la Operación "Unión", que estos dos ediles les habían exigido dinero para agilizarles el pago de deudas que el Consistorio había contraído con ellos.
Los tres se mostraron arrepentidos, subrayaron en su declaración que esta petición "venía de arriba", e incluso alguno llegó a nombrar a Dimas Martín, e indicaron que estos miembros del PIL se aprovecharon de "sus precarias situaciones" para solicitarles este pago.
El empresario Manuel Gregorio Reina Fabre, imputado por un presunto delito de cohecho, declaró el pasado 28 de mayo que realizó "varios trabajos" para el Ayuntamiento de Arrecife, en concreto, en la perrera y en el balneario. Reina Fabre presentó un presupuesto a Ubaldo Becerra, en el que se contemplaba un importe de 40.000 euros para la perrera y otro de 20.000 para el balneario. Cuando el declarante recibió este dinero del Consistorio, según confesó, le llamó José Miguel Rodríguez y le dijo que "tenía que darle el 20 por ciento de la facturación".
Entonces, Reina Fabre se puso en contacto con Ubaldo Becerra, quien le dijo que el dinero "era para el partido, porque el partido necesitaba dinero, que tenía que recaudarlo de alguna manera". Este concejal le aseguró también que esta exigencia "venía de arriba" y el empresario señaló "que tiene muy claro" que viene de "Dimas Martín".
El empresario afirmó en su declaración que "si no pagaba la sanción, no se le pagaría el resto" de dinero que le debía el Ayuntamiento. Por ello, "tuvo que entrar en el aro". Según confesó, el pago de esta cantidad se lo dio personalmente a José Miguel Rodríguez en su oficina. Tras esto, ambos concejales intentaron que pagara otra comisión presuntamente ilegal, a lo que Reina Fabre se negó. "Me dieron un poco la lata, pero no hice caso a las pretensiones de Ubaldo y José Miguel", reconoció.
"Que tuviera cuidado"
Este mismo testimonio se repite también en la declaración del empresario Antonio Gómez, también imputado por un presunto delito de cohecho en el marco de la Operación "Unión". Gómez realizó varios "mini proyectos" para el Ayuntamiento, para el área de Parques y Jardines, y después de que el Consistorio le abonara el dinero por este trabajo, "Ubaldo Becerra le pidió un 20 por ciento para el partido, en total unos 20.000 euros". Si no accedía, "le iba a retener los siguientes pagos", indicó Gómez en los juzgados.
Al igual que lo declarado por Reina Fabre, Gómez reconoció que Becerra y Rodríguez le decían que si no formalizaba este pago y "pasaba por el aro", "la gente de arriba ya no le iba a contratar más, que tuviera cuidado". Gómez entregó este dinero a Ubaldo Becerra en dos partes. La primera operación se llevó a cabo en Las Palmas y la segunda en Arrecife. Según su testimonio, el dinero lo llevaba "en un maletín, que lo dejaba en el suelo y ellos lo cogían".
"Le pidieron dinero de casi todas" las obras
El tercer empresario que aceptó los presuntos sobornos de estos dos concejales fue Jesús Manuel Martín Brito, también imputado por un supuesto delito de cohecho. Martín Brito declaró el pasado 31 de mayo. En su primer testimonio, negó su imputación y afirmó que jamás había entregado dinero a los dos concejales del PIL. No obstante, la declaración se suspendió "a efectos de practicar diligencias complementarias de inexcusable dilación", y cuando se reanudó, el empresario confesó.
Según indicó, todo comenzó cuando Rodríguez y Becerra le exigieron el pago de una comisión por unas obras que había hecho en los aljibes del parque temático y le dijeron "que querían un tanto por ciento de la facturación, normalmente el 15 por ciento". "Menos de las primeras" obras que realizó para el Ayuntamiento, "le pidieron dinero después de casi todas". Al igual que en el caso del resto de empresarios, esta cantidad también era "para el partido y para otras cosas referidas a actos del PIL". "La cantidad oscilaba entre 15 o 20.000 euros", reconoció.
El pago de este dinero se realizaba "casi siempre en casa de José Miguel", donde "le entregaba un sobre en efectivo". "Como mínimo", el empresario le dio "cinco sobres" al concejal, según testificó.
Tanto Antonio Gómez, como Jesús Manuel Martín Brito y Manuel Gregorio Reina Fabre se mostraron arrepentidos por estos hechos y afirmaron que tenían que haberlo denunciado en su momento. Martín Brito y Reina Fabre, además, dijeron que se metieron "en este juego" y "pasaron por el aro por miedo".
