El concejal José Antonio González les acusó de varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, delitod contra la ordenación del territorio y contra el Patrimonio Histórico

Admitida a trámite la querella de AC25M contra todo el equipo de gobierno de San Bartolomé

El Juzgado Número 6 de Arrecife ha admitido a trámite la [querella presentada en los tribunales el pasado 17 de ...

20 de enero de 2006 (22:38 CET)
Admitida a trámite la querella de AC25M contra todo el equipo de gobierno de San Bartolomé
Admitida a trámite la querella de AC25M contra todo el equipo de gobierno de San Bartolomé

El Juzgado Número 6 de Arrecife ha admitido a trámite la [querella presentada en los tribunales el pasado 17 de noviembre->https://www.lavozdelanzarote.com/article.php3?id_article=3769&var_recherche=Jos%E9+Antonio+Gonz%E1lez%2C+querella&var_mode=recalcul] por el concejal de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M) en el Ayuntamiento de San Bartolomé, José Antonio González, en contra de la totalidad del grupo de gobierno de la Corporación local, por el convenio con Garpalanz en la zona industrial de Playa Honda.

En la querella admitida a trámite, y que anuncia que se incoarán las oportunas diligencias, el concejal de Alternativa Ciudadana acusa al alcalde, Miguel Martín, y a los concejales Juan Antonio De la Hoz, Olimpia Martín, Ángela Aparicio, José Manuel Morales, Pedro Reyes, María Ángeles Millán, Candelaria Ledesma, Carlos Martín, Javier Betancort, y Cándido Reguera -concejal hasta julio de 2004-;j unto a Emilio García, representante de la mercantil Garpalanz S.L.; Valentín González, representante de la mercantil Soegan Lanzarote S.L.; Julio González, arquitecto técnico, y a Braulio Martín, hermano del alcalde y administrador de la Junta de Compensación de Unidad de Actuación número 4 de la Zona Industrial de Playa Honda, de un delito contra el Patrimonio Histórico.

En su querella inicial, José Antonio González les acusaba también de varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de un delito contra la ordenación del territorio.

El citado convenio del Ayuntamiento de San Bartolomé tiene su origen en el derribo, en marzo de 2003, de la polémica vivienda del siglo XVIII sita en la Plaza del Carmen del municipio, y guarda relación con la Unidad de Actuación número 4 de la Zona Industrial de Playa Honda.

[El concejal de Alternativa Ciudadana denuncia->https://www.lavozdelanzarote.com/article.php3?id_article=3769&var_recherche=Jos%E9+Antonio+Gonz%E1lez%2C+querella&var_mode=recalcul] así lo que considera un intento por enriquecer a una entidad privada a costa del interés general, ya que, según González, el solar de la UA-4 era de dominio público y fue permutado por un precio muy inferior al de su valor en el mercado.

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