El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la demanda por "tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" presentada por el STEC-IC contra el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, por decir a los funcionarios en noviembre pasado que "se van a acabar las típicas bajas por depresión de personas que se pasan el día en la playa".
Según exponen los sindicatos docentes, "Soria sabe a ciencia cierta que lo manifestado no es cierto y que su actuaciones fueron hechas con una finalidad concreta de desprestigiar ante la sociedad a todos los funcionarios públicos y, en concreto, al colectivo docente, en definitiva culpabilizar a todos los docentes con carácter general, con clara intención de difamar a todo el colectivo atentando contra el honor y la imagen de los docentes", apuntan en una nota hecha pública este martes.
STEC-IC destaca que las afirmaciones que con carácter general realiza sobre las incapacidades temporales de los funcionarios docentes "están basadas en hechos inciertos" y las mismas son "tendenciosas, malintencionadas con un evidente carácter de zaherir, humillar e insultar de forma gratuita", advierte la misma nota.
En esta misma línea, las centrales sindicales consideran que estas declaraciones generan "descrédito social, atenta a la profesionalidad de mis representados, yendo más allá de cualquier crítica responsable máxime cuando por el puesto político que ocupa sabe, conoce o tiene medios para comprobar con detalle quién o quiénes actúan contrario a derecho", al tiempo que precisan que "lo que no se puede es generalizar sus manifestaciones generando alarma social entre el colectivo que se siente desacreditado y desprestigiado ante la sociedad".
El STEC-IC apunta que pretende con esta demanda acabar, "de una vez por todas", con las "constantes" y "reiteradas" declaraciones públicas de máximos responsables del Gobierno de Canarias que "sólo buscan minar la imagen pública" del profesorado y del conjunto de los empleados públicos de Canarias en aras de "desviar la atención" sobre los verdaderos problemas que aquejan a los Servicios Públicos y en concreto a la Educación Pública Canaria, "acosada por los reiterados recortes impuestos en los diferentes ámbitos públicos".
ACN Press
